VOTACIÓN EN EL PLENO DEL CONGRESO
El Pleno del Congreso de los Diputados vota hoy el real decreto ley de protección a los titulares minoristas de preferentes que ordena aportaciones de los bancos al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de cerca de 2.000 millones de euros para pagar a los preferentistas de NCG Banco y CatalunyaBanc.
La derrama entre los bancos tiene como objetivo lograr liquidez para pagar a los clientes minoristas las acciones que van a recibir a cambio de sus preferentes, ya que ninguna de estas dos entidades cotiza y no hay posibilidad de venderlas en mercados secundarios.
En todas las entidades nacionalizadas, al realizar el canje por acciones, los titulares de preferentes sufrirán una quita en la cantidad que invirtieron, que será del 38 % en el caso de Bankia, del 61 % en CatalunyaBanc y del 43 % en NCG.
La derrama entre los bancos asciende al 3 por 1.000 de los depósitos, aunque hay deducciones si pagan en los primeros 20 días hábiles de enero de 2014, el primero de los periodos habilitados para cubrir la derrama, y cumplen determinados supuestos.
Quedan exentas las entidades participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), mientras que las que tengan un balance inferior a 5.000 millones de euros pueden deducirse hasta un máximo del 50 %.
También hay deducciones de hasta un 30 % de las aportaciones realizadas o que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2013 a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como al 'banco malo'.
El decreto capacita al FGD para suscribir acciones o deuda de la Sareb con el objetivo de que pueda colaborar con el FROB en su financiación. El FGD comprará las acciones que reciban los preferentistas de NCG y CatalunyaBanc, dando prioridad a los clientes en situación de especial dificultad de acuerdo con los criterios que fije la Comisión de Seguimiento de arbitrajes, mientras que para los de Bankia se va a iniciar un proceso arbitral.
La Comisión va a determinar el universo general de los preferentistas que accederán al sistema de arbitraje, que en ningún caso pueden ser inversores institucionales, y establecerá unos criterios para extraer del colectivo inicial a los clientes más vulnerables.
Luz verde a la reforma de pensiones
Se debate también el decreto ley que reforma la jubilación anticipada, con el que el Gobierno espera ahorrar cerca de 4.900 millones de euros anuales a la Seguridad Social cuando los cambios estén completamente implantados.
La Cámara Baja previsiblemente dará su visto bueno, gracias a la mayoría del PP, a unos cambios legislativos que han sido muy criticados por la mayoría de los partidos de la oposición que consideran que dificultan el acceso a la jubilación.
Los sindicatos CCOO y UGT también se mostraron contrarios al decreto ley que, a su juicio, burla el Pacto de Toledo porque ha modificado el sistema de pensiones sin el consenso de los agentes políticos y sociales.
El decreto ley, que será defendido ante el pleno por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, establece que los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo deberán tener más años cotizados (35 años) y se quedarán con una pensión menor, mientras que tendrán más facilidades quienes quieran compatibilizar su prestación con un trabajo.