OPERACIÓN POKÉMON | HAY MÁS DE TREINTA IMPUTADOS
La jueza que instruye la operación Pokemon ha decretado el ingreso en prisión de Ángel Espadas, exconcejal del Ayuntamiento de Santiago y otrora asesor del exalcalde Gerardo Conde Roa, que está acusado de prevaricación, uso de información privilegiada y cohecho, han informado fuentes jurídicas.
La magistrada instructora, Pilar de Lara, ha enviado también a la prisión de Bonxe al delegado de Aquagest en la capital gallega, José Luis Míguez, que se ha acogido a su derecho a no declarar. Los delitos que se le imputan son cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
El edil compostelano de Movilidad y Seguridad Vial, Albino Vázquez Aldrey (PP), no conoció su situación provisional hasta que no culminó la declaración de Ángel Espadas, a altas horas de la pasada madrugada. Vázquez Aldrey ha quedado en libertad bajo fianza de 15.000 euros y los cargos que se le achacan son cohecho y tráfico de influencias. Vázquez Aldrey declaró durante tres horas y media, y cuatro duró la declaración de Espadas, han informado las mismas fuentes.
En la operación Pokemon, que comenzó en un juzgado de Lugo, se investiga la existencia de una supuesta trama para obtener concesiones y contratos públicos en varias ciudades, que en su segunda fase, "Manga", no solo se circunscriben al territorio gallego, sino también a las comunidades de Asturias y Cataluña.
El número de imputados ya supera la treintena, muchos de ellos políticos, y el epicentro de las investigaciones está en el Grupo Vendex y sus distintas filiales. Ahora también en Aquagest y GRS Arc Local.
En Cataluña fueron detenidos Robert Fauria, presidente del Consell Comarcal de la Selva y alcalde del Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm; el jefe del Departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consejo Comarcal de La Selva; el apoderado de GRS Arc Local, y el administrador de la misma empresa. Se prevé que los cuatro pasen hoy a disposición judicial.
Joaquín Fernández Díaz, empresario, edil de San Martín del Rey Aurelio (Asturias) y hasta ayer presidente del PP local, ya que este partido lo ha suspendido cautelarmente de militancia, está acusado de tráfico de influencias, en libertad provisional y con obligación de comparecer cada quince días.
Jesús Fuentes, el promotor gallego de eventos culturales, ha quedado en libertad y sin medidas cautelares, aunque está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias.