LA AUTOPISTA R2 ENTRA EN PROCESO CONCURSAL
Además, con la R-2 ya son siete las vías que actualmente están en concurso del total de nueve que afrontan riesgos de quiebra y que negocian con el Ministerio de Fomento su integración en una sociedad pública de autopistas para solventar sus problemas económicos y financieros.
El sobrecoste que registraron en las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las vías y el desplome de los tráficos por la crisis constituyen los dos principales factores de la situación que atraviesan estas autopistas de peaje, las de más reciente construcción.
En el caso de la R-2, cuya sociedad concesionaria está participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía (firma concesional de FCC y Bankia), se ha visto abocada al concurso por la demora de la Administración a la hora de abonar las ayudas que hace unos años articuló para paliar la situación que atraviesan estas vías de pago, según indicaron en fuentes del sector.
Estas mismas fuentes cifran en unos 180 millones de euros el importe que Fomento adeuda a esta radial en concepto de créditos participativos y cuentas de compensación. La R-2 es una autopista de peaje de 62 kilómetros de longitud que une la M-40 de Madrid y Guadalajara y se estructura en dos tramos. El tramo interior discurre desde la M-40 hasta la M-50 y constituye una alternativa de la A-1. El segundo tramo, el exterior, es la alternativa a la A-2 entre Guadalajara y la M-50.
Henarsa, la sociedad concesionaria que las constructoras adjudicatarias constituyeron para construir y explotar la vía, se la adjudicaron en el año 2000 y la pusieron en servicio en 2003. Realizaron una inversión de 563 millones de euros y el plazo de la concesión es de 24 años.
Durante el pasado año utilizaron la vía una media de 5.928 usuarios, lo que supone un descenso del 24% respecto al año anterior y un desplome del 46,2% respecto al máximo de tráfico contabilizado en 2007, según datos del Ministerio de Fomento.
El Departamento que dirige Ana Pastor negocia actualmente con las constructoras y concesionarias titulares de todas las vías de pago en problemas para integrarlas en una sociedad pública.