OPERACIÓN EMPERADOR
El presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales desarticulada en la 'operación Emperador', Gao Ping, tenía pensado dejar España a finales de año para viajar hasta China, según los investigadores, que no tienen constancia de que su esposa Lizhen Yang estuviera informada de los planes de su marido.
Según han informado fuentes fiscales, Lizhen Yang es una mujer poco accesible que jugaba un papel fundamental en la organización y tenía conocimiento de todas las actividades delictivas que realizaba la red criminal.
En concreto, el entramado se dividía en cuatro estructuras. El grupo violento ejecutaba la extorsión o las coacciones; la estructura económica englobaba a las empresas, tiendas de 'Todo a cien' y otros negocios de la organización; y la división financiera se ocupaba del lavado de dinero negro. La otra pata de la organización radicaba en una división institucional que trataba de acceder a altas capas sociales para utilizar esas relaciones en beneficio de sus intereses.
En ella se encuadrarían los funcionarios públicos y los españoles implicados, que hacían favores al entramado. Según las fuentes consultadas, la presencia de españoles y chinos con dominio del castellano facilitó una investigación compleja, de gran magnitud y centrada en personas orientales que se caracterizan por ser comunidades cerradas.
Ante la intención del grupo organizado de extender sus actividades a Portugal y, sobre todo, ante el calibre y magnitud que iban teniendo las investigaciones, la Policía decidió actuar y desarticular la banda. Más de 300 agentes participaron en el operativo, en el que se han emitido más de 100 órdenes de detención --de momento hay 87 arrestados-, se ha efectuado otro centenar de registros y han sido intervenidos 60 teléfonos.
Los miembros de la red cambiaban poco de móvil y utilizaban compañías chinas en sus conversaciones, cuyas grabaciones son de gran enjundia y utilidad para las pesquisas, según las mismas fuentes.
La Fiscalía Anticorrupción destaca que han cumplido los dos grandes objetivos que se proponían. Por una parte, luchar contra el lavado de dinero negro y recuperar gran parte de sus capitales. Por otra, lanzar un mensaje importante a la comunidad china basado en que si son víctimas de amenazas, coacciones o extorsiones, el Estado actuará contra sus responsables.
Anticorrupción mantiene el criterio de limitar la solicitud de prisión provisional a los casos imprescindibles, aunque pedirán alargar esta medida en los supuestos que sean necesarios de acuerdo a las investigaciones.
Por el momento, ascienden a 82 los detenidos que han comparecido ante el juez Andreu. De ellos, 47 han quedado en prisión incondicional y a 23 se les ha impuesto prisión eludible bajo una fianza de entre los 6.000 hasta los 100.000 euros.