INICIATIVA TRAS LOS ASESINATOS DE TOULOUSE
El proyecto de ley, elaborado después de las matanzas el mes pasado de Toulouse y Montauban perpetradas por el terrorista islámico Mohamed Merah, prevé también castigar penalmente a todo francés o residente en Francia que vaya al extranjero a adoctrinarse en ideologías que conduzcan al terrorismo o que participe en campos de entrenamiento sobre armas y explosivos.
Hasta ahora sólo se podían perseguir esas acciones en los países donde habían ocurrido y lo que el Ejecutivo pretende hacer es utilizar una competencia de extraterritorialidad como la que ya existe para combatir el turismo sexual, explicó el ministro de Justicia, Michel Mercier. Mercier señaló a la prensa, a la salida del Consejo de Ministros, que el texto "completa" la legislación antiterrorista y que aunque no se puede aplicar inmediatamente porque el Parlamento está disuelto en razón de las elecciones, deberá ser sometido a la nueva Asamblea Nacional una vez que se constituya tras los comicios legislativos en junio.
Sobre el nuevo delito de conectarse a sitios que hagan apología del terrorismo o la violencia, precisó, en una entrevista con "Le Figaro", que queda "bien especificado" que no se aplicará "si la consulta resulta de una profesión, en particular para los periodistas y los investigadores universitarios". "No se puede dejar que individuos, con frecuencia jóvenes y maleables, se hinchen de imágenes de decapitaciones y de llamamientos al odio sin reaccionar", justificó el titular de Justicia, que añadió que "los que las divulgan tampoco pueden seguir viviendo en la impunidad". Se mostró confiado en que la jurisprudencia que establezcan los magistrados permita evitar la subjetividad y la censura en la apreciación de ese delito, porque "no se trata de atentar ciegamente contra la libertad de expresión, sino de disuadir a algunos internautas de acceder a unos sitios bien precisos que constituyen una amenaza para el orden público".
El nuevo dispositivo permitirá a los jueces, por un procedimiento de urgencia, ordenar el cierre de sitios extremistas en caso de que supongan una alteración ilícita del orden público. Los magistrados y los investigadores dispondrán en estos casos, además, de una serie de mecanismos hasta ahora restringidos a la lucha antiterrorista. Entre ellos están las incautaciones, les escuchas telefónicas por el procedimiento de acción flagrante o en previsión de la comisión de un delito, la vigilancia, las infiltraciones, la colocación de micrófonos, la captación de señales informáticas a distancia o la prolongación de la detención hasta 48 horas. "Nuestro enfoque quiere ser equilibrado puesto que no proponemos la regla antiterrorista que lleva la prescripción (del delito) hasta 20 años y autoriza los registros de noche o la detención durante cuatro días" antes de la presentación ante el juez, añadió.