TAMBIÉN EN LA AGENDA DE TENNESSEE Y OREGON
Que el dueño de un restaurante se niegue a servir el menú en una boda de dos hombres, que una modista rechace diseñar el vestido de novia de una lesbiana o que un gay tenga problemas para que le vendan un anillo de compromiso. Todo eso podría ocurrir en EEUU de prosperar algunas iniciativas estatales.
Arizona, un estado acostumbrado a captar la atención fuera de sus fronteras por sus duras medidas conservadoras, ha sido una vez más el que ha puesto el foco sobre un debate en el que también están inmersos otros estados: la posibilidad de que los dueños de negocios privados nieguen sus servicios a los homosexuales con la mera justificación de sus propias creencias religiosas.
El derecho a objetar y no participar en celebraciones matrimoniales de parejas del mismo sexo sólo lo tienen por el momento en Estados Unidos las autoridades y organizaciones religiosas, pero la medida que está en la agenda de los parlamentos estatales de Arizona, Tennessee y Oregón quiere extenderlo al sector privado.
El legislativo de Arizona aprobó una ley que en la práctica ampara legalmente a los dueños de negocios para que puedan aducir razones de fe si, como ya ha ocurrido en otros estados, sus clientes homosexuales les demandan por haberse negado a atenderles.
Esta norma, que ha vuelto a enfrentar a los sectores más conservadores con los defensores de los derechos de los homosexuales, está ahora en manos de la gobernadora del estado, la republicana Jan Brewer, conocida por sus duras políticas contra los inmigrantes.
Que la firme o no es todavía una incógnita, puesto que a pesar de su conservadurismo el año pasado vetó una iniciativa similar con el argumento de que no era más que una distracción de las verdaderas prioridades que debía abordar el parlamento del estado, como el presupuesto anual.