SU ESPOSA HA QUEDADO EN LIBERTIDAD SIN FIANZA
La juez Mercedes Alaya ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza del exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, detenido al sospecharse que pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a determinadas empresas. La juez ha tomado esta decisión después de que el imputado se haya acogido a su derecho constitucional a no declarar.
Este decreto de ingreso en prisión se produce por la comisión de presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. La responsabilidad civil estimada por la juez alcanza los 7,6 millones de euros frente a los 360.000 euros planteados por el Ministerio Público.
Por su parte, la instructora ha dejado en libertad sin fianza a su esposa, la abogada Ana María Vaquero, y que también se ha acogido a su derecho a no declarar y a la que imputa los delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Únicamente ha acordado que se le retire el pasaporte.
Esta operación viene derivada de la investigación de las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla.
Antes, la juez ha acordado dejar en libertad con cargos y sin fianza a los dos empresarios que fueron detenidos junto a Castaño y su mujer. Son el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y el exadministrador de Fiverde, Ángel Manuel Macedo.
Durante su declaración ante la juez, el administrador de Fitonovo ha asegurado que, entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida "era para el PSOE". Rafael González Paloma ha subrayado que el dinero entregado "no era a cambio de nada", porque además "los contratos ya estaban dados".
También ha dicho que entregó a Castaño siete teléfonos móviles Nokia para que los repartiera, aunque no ha precisado quiénes serían los destinatarios de dichos teléfonos.
Además de los cuatro detenidos, la Guardia Civil imputó en el marco de la operación 'Madeja' a la mujer del administrador de Fitonovo, Pilar Baró, y al responsable de una gestoría que le llevó las cuentas a esta empresa, Francisco Orozco. Ambos han comparecido ante la juez y han quedado en libertad sin fianza.