Uno de los detenidos por el narcotúnel ceutí niega estar vinculado al transporte de 3 toneladas de cocaína en el Simione

Esta mañana la Ciudad de la Justicia de Vigo ha acogido la celebración de la última jornada del juicio del caso conocido como Simione: cinco varones se han sentado en el banquillo acusados de transportar casi 3000 kilos de droga en un buque interceptado por la Guardia Civil, en diciembre de 2022, cuando se dirigía a las costas gallegas simulando dedicarse a la pesca.

En él las autoridades encontraron mucho más que redes o aparejos de pesca: hallaron 115 fardos de cocaína, que pesaban un total de 2.866 kilos, y que en el mercado negro podrían haber alcanzado un valor superior a los 100 millones de euros. La petición de pena para los cinco acusados asciende a un total de 56 años de prisión, acompañada de una importante multa, que podría alcanzar los 2 millones y medio de euros.

Pero el gran protagonista de la sesión de hoy ha sido el principal acusado, el armador del buque que pretendía introducir la droga en España, el empresario vigués Pablo G.B. La Fiscalía pide para él 13 años de prisión, al atribuirle un delito contra la salud pública, con los agravantes de la elevada cantidad de droga intervenida, el empleo de una embarcación y la pertenencia a una red criminal internacional.

Ante esta acusación el empresario se ha declarado inocente, asegurando que no hay nada que le relacione con el alijo, y que “no hay ningún mensaje ni correo que me vincule con ese cargamento”.

El principal acusado: detenido también por el "narcotúnel" ceutí

Lo que pone hoy el foco sobre Pablo G.B más que sobre los otros cuatro acusados es su relación con otro golpe al narcotráfico mucho más reciente.

Y es que ha venido hoy a declarar desde la cárcel: está en prisión provisional preventiva tras una operación desarrollada entre las autoridades gallegas, andaluces y ceutís que ha derivado en el hallazgo de un "narcotúnel" en Ceuta, que era utilizado para introducir grandes cantidades de hachís en España desde Marruecos.

Lo que encontraron los agentes no era un simple agujero excavado en la tierra. Se trataba de una infraestructura diseñada al milímetro para el narcotráfico.

El acceso estaba camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones. Desde allí se descendía por un pozo que conducía a tres niveles subterráneos: una zona de acceso, una cámara intermedia donde se almacenaban los fardos y, al fondo, una galería equipada con raíles y vagones para transportar toneladas de hachís. El diseño permitía mover la droga sin que las personas que participaban en el alijo se vieran entre sí.

Toda una obra de ingeniería que acabó siendo descubierta por las autoridades y que terminó con Pablo G.B, entre otros, entre rejas, mientras espera por la sentencia del caso Simione.

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