Trama Leire Díez
El magistrado explica que si el juez Pedraza ha ordenado registros "es porque hay un fundamento".
16 horas es el tiempo que pasaron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz en el marco de la investigación a la presunta fontanera Leire Díez. El juez que instruye el caso, Santiago Pedraz, ordenó requerir información por una presunta financiación irregular.
Se trata de una causa secreta en la que, el magistrado Joaquim Bosch explica que "lo más probable es que pueda haber más datos y deban contextualizarse e intentar conectarse con lo que conocimos de la resolución judicial". Apunta a que "los hechos", que expone el juez en el auto, "son de una enorme gravedad" por las conductas que se describen como las de "intentar extorsionar, chantajear a fiscales, altos cargos de la Guardia Civil para torpedear procesos judiciales".
Sin embargo, para el magistrado "lo más grave es que esto pudiera haberse realizado desde los órganos de uno de los partidos políticos de nuestro país con la financiación de todos estos movimientos para presuntamente proteger el partido". Por ello considera que el desarrollo de la investigación debe ser "obligatorio" tanto para "confirmar o descartar algo de tantísimo relieve".
En cuanto a si la gravedad de los hechos pudiera ser mayor si el presidente del Gobierno tuviera conocimiento de ello, Bosch ha reconocido no querer plantearse esa hipótesis, ya que "supondría que sería corresponsable de estos actos, si lo conocía y no hizo nada para impedirlo".
"De partida el presidente se dedica a la labor del Gobierno y el partido es gestionado por el secretario de Organización, pero no tenemos muchos datos de la investigación por lo que debe continuar", subraya. Pero en principio no hay datos que conecten a Pedro Sánchez con la información actual.
Aunque es cierto que para llevar a cabo multitud de registros, el juez Pedraz "percibe que si hay elementos indiciarios" debido a que "no se puede entrar en un domicilio si no hay indicios de delito bastante contrastados y una proporcionalidad". Por ello manifiesta que, a pesar de no conocer la causa, "hay que suponer que si se ha llegado a estas decisiones judiciales es porque hay un fundamento, en principio suficiente desde una perspectiva inicial".
El juez ha imputado a Leire Díez, Santos Cerdán y a la gerente socialista. El exsecretario de Organización del PSOE, y la presunta fontanera y ingresaron en prisión el 30 de junio de 2025 y el 10 de diciembre de 2025, respectivamente. Ambos ya fueron puestos en libertad, pero el magistrado Bosch explica que "si sería posible" que puedan volver a estar entre rejas.
"Por esta causa podrían volver siempre y cuando se cumplieran los requisitos que marque la jurisprudencia", es decir, "riesgo de destrucción de pruebas o de fuga". A su juicio "no hay datos", al menos que sean públicos, "que justifiquen que puedan destruirse pruebas o haya un riesgo de fuga".
Es por ello que será el juez Pedraza quien lo valore, señalando que la prisión preventiva es una medida excepcional y debe adoptarse cuando sea estrictamente necesario, debe estar muy acreditado que haya riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de fuga".
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