Un cierre de fronteras a refugiados y ciudadanos árabes
Dieciséis estados de EEUU, liderados por Texas, respaldaron este jueves ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos el polémico veto migratorio del presidente, Donald Trump, a refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.
En el documento judicial presentado, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, argumenta que una pausa en la entrada de ciudadanos de los países "propensos al terrorismo" está "justificada" para asegurar que aquellos que lleguen sean "minuciosamente investigados".
Además del procurador texano, los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Virginia Occidental, junto con el gobernador de Misisipi, el también republicano Phil Bryant, firmaron este escrito.
Trump decretó en abril el cierre temporal de las fronteras de Estados Unidos para los inmigrantes de siete países de mayoría musulmana -Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia-, una medida que fue rápidamente bloqueada por la Justicia.
El presidente decidió entonces firmar una segunda orden ejecutiva revisada que, a diferencia de la anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la disposición sobre los refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
"El presidente Trump está cumpliendo su promesa de asegurar nuestra frontera, proteger a nuestro país y mantener a los estadounidenses a salvo del terror", reza el documento presentado por los 16 estados. Se trata de un "amicus curiae", un documento aportado por terceros ajenos a un litigio que ofrece una opinión para colaborar con el tribunal en la resolución del caso.
El Tribunal Supremo aceptó en junio la petición del Gobierno de Trump de estudiar la legalidad de este controvertido veto migratorio a partir de otoño de este año y permitió que parte de él entrase en vigor.
Así, el ejecutivo estadounidense prohibió a partir del 29 de junio la entrada en el país durante noventa días a todos los ciudadanos de los seis países afectados por el decreto, salvo a los que puedan demostrar "una relación de buena fe" con cualquier persona, empresa o institución estadounidense.