Coronavirus
El Gobierno vasco ya ha redactado el anteproyecto que obliga a la vacunación COVID-19 y está en fase de consulta pública hasta el 31 de agosto.
Como ya hicieran Tayikistán, Turkmenistán, Ciudad del Vaticano o Estados Unidos, el País Vasco contemplala obligatoriedad de vacunarse contra la COVID-19 cuando exista un riesgo grave para la salud de la ciudadanía.
El borrador del anteproyecto de Ley de Salud Pública del Ejecutivo vasco se encuentra en fase de consulta pública hasta finales de agosto y deberá ser aprobado en Consejo de Gobierno. Después será remitido al Parlamento autonómico para su tramitación. El calendario legislativo prevé que el proyecto llegue a la Cámara en el último semestre de 2021.
La vacuna COVID-19 será obligatoria en situaciones de riesgo
El anteproyecto que prepara el Departamento de Salud recoge que "la pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar desde la normativa los mecanismos, herramientas y medidas para dar la mejor respuesta a emergencias sanitarias que supongan una amenaza a la salud del conjunto de la población".
Asimismo, la futura Ley contempla que, en situaciones de emergencia de salud pública, las autoridades sanitarias podrán adoptar "medidas de limitación a la actividad, desplazamiento de las personas y prestación de servicios".
También se podrá ordenar la realización de exámenes y reconocimientos médicos periódicos, prescripción de tratamiento, hospitalización, control individual y aislamiento domiciliario "por el tiempo necesario para la desaparición del riesgo".
No obstante, el texto advierte que "la adopción de una medida que implique privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, como internamiento o aislamiento, estará sujeta a la autorización o ratificación judicial".
En cualquier caso, "las administraciones públicas, entidades privadas y los particulares, tienen el deber de colaborar" con el Gobierno autonómico.
Cobertura jurídica para las comunidades
Recientemente, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, pedía al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "un marco de seguridad jurídica suficiente" para que las comunidades pudieran aplicar medidas como la limitación de la movilidad nocturna y o el máximo de personas en reuniones sociales.