Airbags defectuosos
Las víctimas del escándalo de los airbags Takata siguen exigiendo indemnizaciones, mientras la OCU reclama compensaciones adicionales por los riesgos persistentes en millones de vehículos defectuosos.
A nivel mundial, se está llevando a cabo la retirada de los airbags defectuosos fabricados por la marca Takata debido al alto riesgo de causar lesiones graves en caso de accidente. Numerosas marcas automovilísticas han lanzado campañas de sustitución en sus sitios web oficiales bajo el título “campaña de retirada de airbags Takata”. Fabricantes como SEAT, Volkswagen o Audi, entre otros, han puesto en marcha estas iniciativas para reemplazar de manera gratuita los airbags potencialmente peligrosos.
El objetivo de estas campañas es prevenir accidentes graves, ya que los infladores defectuosos podrían, en determinadas circunstancias, fragmentarse y proyectar piezas metálicas hacia los ocupantes del vehículo, lo que supondría un riesgo mortal. Las marcas están haciendo un llamado a los propietarios de los modelos afectados para que acudan a sus servicios oficiales y realicen el cambio de los airbags, garantizando así la seguridad de los conductores y pasajeros.
En 2013 se destapó uno de los mayores escándalos de seguridad automovilística cuando se descubrió que los airbags fabricados por la empresa japonesa Takata presentaban un defecto mortal.
Los dispositivos de seguridad, diseñados para salvar vidas, se convirtieron en armas potencialmente mortales. El inflador del airbag podía fragmentarse al activarse, proyectando piezas de metal como metralla hacia los ocupantes del vehículo. Este fallo según 'Soymotor' ha sido responsable de la muerte de al menos 24 personas y más de 250 heridos graves en todo el mundo. En total, más de 40 millones de vehículos estuvieron involucrados en esta crisis de seguridad.
El problema de los airbags defectuosos afectó a un número significativo de fabricantes de automóviles, incluyendo marcas de renombre como Audi, BMW, Citroën, Ford, Honda, Nissan, Toyota y Volkswagen, entre otras. Estos vehículos fueron comercializados entre 1997 y 2018, lo que provocó una llamada a revisión masiva que sigue generando preocupaciones hasta hoy. En España, se estima que más de cuatro millones de vehículos podrían haber sido vendidos con estos dispositivos defectuosos, lo que representa alrededor del 15% del parque automovilístico del país si todos siguieran circulando.
El escándalo de los airbags no solo perjudicó a los usuarios, sino que también significó el colapso de Takata como empresa. En 2017, tras acumular una deuda de más de 8.000 millones de euros, la compañía se declaró en bancarrota. Fue entonces cuando Key Safety Systems, una empresa china, adquirió los activos de Takata y se comprometió a hacerse responsable de las sanciones impuestas por los organismos reguladores. De los 900 millones de euros en sanciones, alrededor de 110 millones fueron destinados a compensar a las víctimas directas del fallo en los airbags. Además, se reservaron unos 750 millones para cubrir los costes que las marcas de automóviles asumirían por la sustitución de los dispositivos defectuosos.
Diez años después, el escándalo de los airbags Takata sigue generando repercusiones. La Organización de Consumidores y Usuarios ha intensificado su lucha por los derechos de los afectados, exigiendo nuevas indemnizaciones a las marcas de automóviles involucradas. En un comunicado emitido esta semana, la OCU ha señalado que algunos modelos todavía no han sido revisados o reemplazados, lo que pone en riesgo la vida de los conductores y pasajeros. Aunque muchas compañías han notificado a los propietarios de los vehículos afectados para que realicen el cambio gratuito de los airbags.
Además de estas compensaciones, la OCU exige que la sustitución de los airbags defectuosos se realice en un plazo máximo de 48 horas desde la cita en el taller. Durante ese tiempo, los afectados deberían recibir un vehículo de cortesía o, en su defecto, una compensación económica de 150 euros por cada día que su coche esté inmovilizado.
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