Cristina Dexeus, presidenta de los fiscales, pide la renuncia de Álvaro García Ortiz: "Se podría evitar, dimitiendo el Fiscal General"

Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, está siendo investigado por el Tribunal Supremo por una supuesta revelación de secretos. Los hechos que sustentan las indagaciones del alto Tribunal son en relación al caso de presuntos cobros de comisiones ilegales por parte de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No ha habido otra situación similar"

El implicado negaba el miércoles estar imputado o investigado y defendía su continuidad en el cargo, descartando que dimitir estuviera entre sus planes más inmediatos. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Fiscales explicaba el procedimiento que se ha iniciado: "Se ha abierto una investigación penal en el Tribunal Supremo, al admitir la exposición razonada que envío el Tribunal de Justicia de Madrid, para investigar determinadas actuaciones. Por tanto hay una investigación y el centro de ella es García Ortiz".

Una situación inédita

"No se le ha llamado todavía como investigado, pero la investigación se ha abierto por una actuación del Fiscal General del Estado", explicaba Cristina.

Sobre unas actuaciones que no tiene precedentes en la historia de la democracia española, destaca cuán insólito es el asunto. Tanto es así que remarcaba que esto no está previsto en el reglamento del organismo que el fiscal general del Estado sea investigado, por lo que no habría unas pautas de actuación definidas.

"No hay ni previsión legal en el estatuto o en el reglamento de la carrera fiscal de cómo se ha de actuar si el Fiscal General del Estado está siendo investigado", aclaraba Dexeus.

¿Pone en un compromiso a otras instituciones?

El organismo público tiene como misión principal la salvaguarda de la legalidad. Por ello Cristina Dexeus subraya la contradicción que supone que la persona al frente de esta institución sea objeto de una investigación por parte de la justicia. Dexeus opinaba que "no parece lo más apropiado ni lo más razonable".

Cristina Dexeus manifestaba sus dudas sobre de la libertad y la imparcialidad del fiscal a cargo de informar del procedimiento que investiga a quien en la práctica "sigue siendo su jefe directo".

"¿Qué libertad puede tener, qué independencia, qué imparcialidad o imagen de imparcialidad va a dar?", resaltaba la fiscal, que respondía ella misma a sus preguntas: "Todo eso se podría obviar, se podría evitar, dimitiendo el Fiscal General del Estado".

Apelaba Dexeus a la responsabilidad institucional de García Ortiz, como cabeza del Ministerio Fiscal, para que actúe en defensa de la independencia e integridad del organismo y "no seguir manteniendo una crisis reputacional indeseada".

Dimisión, no confesión

En opinión de Dexeus, la renuncia del Fiscal General del Estado no implicaría en absoluto ningún tipo de reconocimiento de culpa, pero sí contribuiría muy favorablemente a preservar la ya mencionada integridad institucional. Cristina Dexeus añadía que la renuncia no sería incompatible con el ejercicio del derecho a la defensa de Álvaro García Ortiz, recordando además la presunción de inocencia.

"Defiendo que debe dimitir para que la institución no pase por este momento de tensión y de falta de crédito", sentenciaba Dexeus.