Fiscal General Estado
Los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez destacan la "profesionalidad" del fiscal general del Estado y defienden su actuación mientras que asociaciones de fiscales y la oposición exigen su dimisión. Álvaro García Ortiz ha anunciado que no abandonará su cargo.
La noticia de la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, saltaba en mitad de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El Supremo decidía abrir una causa penal contra él por un delito de revelación de secretos.
Desde el Gobierno de Pedro Sánchez cree que el caso del fiscal "quedará en nada". Sin embargo, desde la oposición y la Asociación de los Fiscales (AF) no han dudado en pedir su dimisión.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respalda la actuación del fiscal general del Estado tras leerse el auto del Tribunal Supremo porque "contar la verdad y desmentir un bulo" no puede ser delito. "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad", añade.
También se ha pronunciado sobre el caso la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero, quien asegura que lo que hizo el fiscal García Ortiz fue "justamente defender a la Fiscalía". Además, ha defendido la "profesionalidad y la honorabilidad" del fiscal García Ortiz.
"Yo defiendo no solo la profesionalidad, la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España", ha expresado Montero.
Desde Sumar, socios del Gobierno, Yolanda Díaz expresaba "todo el apoyo y respeto institucional a la labor de la Fiscalía General del Estado".
Nada más conocer la decisión del Supremo, la Asociación mayoritaria de los Fiscales (AF) ha pedido la dimisión inmediata del fiscal general. "No puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal".
La Comisión Ejecutiva de APIF también considera que el fiscal Álvaro García Ortiz debe dimitir y ve "absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito".
También hay asociaciones, como UPF, que respaldan la postura de García Ortiz y defienden que la Fiscalía presuntamente reveló datos reservados sobre el procedimiento abierto por un presunto fraude fiscal a la pareja de la presidenta madrileña "se enmarca en la obligación del Ministerio Fiscal de proporcionar a la ciudadanía una información veraz".
El PP, principal partido de la oposición, exige la dimisión tras la apertura de una causa penal. "No puede seguir ni un minuto más en el cargo, no puede seguir el fiscal general del Estado contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país", afirma la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
También ha comentado que la Fiscalía se encarga de promover la acción de la Justicia y que el fiscal general debe atenerse a los principios de legalidad y neutralidad.
El fiscal general el Estado insiste en que no va a dimitir de su cargo pese a las presiones de varias asociaciones de fiscales y de partidos de la oposición tras ser imputado por el Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
"En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado", anunciaba en un comunicado.
Además, a su juicio, descarta que se trate de un asunto particular, sino que se encuentra dentro del ámbito de las competencias que la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano.
La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha considerado en declaraciones a 'EFE', que es "irrespetuoso con la institución" que García Ortiz anuncie su intención de no dimitir.
"El daño reputacional a nuestra credibilidad como institución es irreparable (...) siempre dentro del debido respeto a la presunción de inocencia", ha comentado Dexeus.
El Supremo ha decidido imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una caso vinculado con la pareja de la presidenta 'popular' de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una decisión motivada por la difusión de datos personales de la pareja de Ayuso en un procedimiento judicial por fraude a hacienda.
Los hechos se remontan a marzo, cuando la Fiscalía emitió un comunicado para desmentir un "bulo" difundido por Díaz Ayuso después de que se hiciera público que su pareja había sido denunciada por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. Según la información, la Fiscalía habría ofrecido un pacto a la pareja de la presidenta autonómica cuando en realidad, había sido su abogado quien había pedido el pacto tras la confesión de su cliente a cambio de una rebaja de condena.
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