Fiscal general del Estado
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado por unanimidad abrir una causa contra García Ortiz por el caso de la pareja de Ayuso.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido imputado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado por unanimidad abrir una causa contra García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Desde el Supremo se admite la exposición razonada del instructor del TSJM, que considera que García Ortiz difundió datos de carácter reservado sobre la pareja de la presidenta madrileña. El Alto Tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos -el del fiscal general y el de ella- guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.
La Sala precisa en su auto que la cuestión primordial de la causa a García Ortiz es determinar si la conducta atribuida por los querellantes puede subsumirse en el artículo 417 del Código Penal. Artículo que castiga a la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados. Los magistrados señalan que concurre el primer elemento del tipo penal, la existencia de autoridad o funcionario público que tiene conocimiento de secretos o informaciones conocidas en el ejercicio de su cargo, y que tienen carácter reservado.
El pasado 10 de junio, García Ortiz asumió la responsabilidad "última" de la nota de prensa sobre la causa abierta por delito fiscal al novio de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y, por ello, pidió que se elevase la causa al Supremo.
De esta manera, el fiscal respondió directamente al juez que lleva la causa en el TSJM que esa nota de prensa no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones "expresas y directas". Por este motivo expresó que el TSJM carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de dicha nota, que correspondería al Tribunal Supremo.
Almudena Lastra, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, confirmó también el pasado mes de junio, que García Ortiz fue el responsable que le ordenó publicar el comunicado sobre el cruce de correos entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía.
Fue en la interrogación del magistrado Francisco José Goyena cuando la fiscal superior afirmó haber recibido dos WhatsApp procedentes de García Ortiz, donde le instaba por "imperativo" a difundir esta información reservada, ya que ella en un principio se negó. Lastra entendía que esto era incompatible con el deber de confidencialidad, pero cumplió el artículo 25 del Estatuto Fiscal.
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