Fiscal general del Estado
EL Tribunal Supremo (TS) abre la causa por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido imputado por el Tribunal Supremo (TS) por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pese a la apertura de la investigación, García Ortiz asegura que seguirá en el cargo. Lo hace el mismo día en el que también la Asociación Profesional Independiente de Fiscales exige su dimisión inmediata al considerar que debe reflexionar si por defenderse debe "arrastrar" a la institución.
García Ortiz dice que seguirá al frente de la fiscalía general del Estado: "En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado". Así lo ha manifestado en un comunicado.
Admite que es "consciente de la repercusión pública de la noticia" y que no desconoce que esto afectará a los fiscales de nuestro país. Ha convocado para el jueves a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal "a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos".
Mientras, desde la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera, trabajan en un comunicado sobre García Ortiz. SU presidenta Cristina Dexeus afirma en declaraciones a Europa Press que la imputación pone "en una situación muy delicada a la carrera fiscal". "Que el fiscal general esté imputado deja la credibilidad de la institución bastante por los suelos", esgrime Dexeus que añade que es el primer fiscal general al que se le abre una causa penal.
El Supremo admite la exposición razonada del instructor del TSJM, que considera que García Ortiz difundió datos de carácter reservado sobre la pareja de la presidenta madrileña. El Alto Tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos -el del fiscal general y el de ella- guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.
La Sala precisa en su auto que la cuestión primordial de la causa a García Ortiz es determinar si la conducta atribuida por los querellantes puede subsumirse en el artículo 417 del Código Penal. Artículo que castiga a la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados. Los magistrados señalan que concurre el primer elemento del tipo penal, la existencia de autoridad o funcionario público que tiene conocimiento de secretos o informaciones conocidas en el ejercicio de su cargo, y que tienen carácter reservado.
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