Redes sociales
Analizamos con la abogada Pilar Sánchez Bleda las posibilidades que tiene el anuncio de prohibir el acceso a las redes a menores de 16 años.
El anuncio de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años pone sobre la mesa diferentes lecturas. La intención es compartida por todos: crear espacios seguros, especialmente para los más pequeños, pero las dudas que surgen alrededor son cuantiosas. ¿Se puede prohibir algo que no es ilegal y que incluso podría ser un derecho? ¿No tienen los padres suficiente potestad para decidir el uso que sus hijos hacen de las pantallas? ¿Son los magnates de estas compañías responsables de lo que en ellas ocurre? ¿Hay medios técnicos eficaces para que esta prohibición se haga realidad?
Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos hablado con Pilar Sánchez Bleda, socia de Auren Legal y directora del área de Media & Tech, para intentar ver si el anuncio, tiene o no, algún muro de hormigón con el que tropezar.
Empezamos por el principio. ¿Se puede prohibir algo que no es ilegal? "Desde un punto de vista estrictamente técnico, tal y como está nuestra legislación no se podría prohibir. ¿Por qué? Porque para que eso pudiera ser así en primer lugar se tendría que modificar la edad de acceso, la mayoría de edad digital que está en 14 años, habría que elevarla a 16", comienza explicándonos la experta.
Cierto es, que esta modificación es viable, pero entonces hemos de fijarnos en el ámbito estrictamente jurídico. "¿Qué es lo que ocurre? Desde un punto de vista jurídico tenemos que ver si esa ley futura puede afectar a los derechos digitales del menor porque el menor tiene derecho a la información y derecho a la libertad de expresión, son dos derechos que son fundamentales. Habría que ver, si se vulneran esos derechos. Primer obstáculo jurídico: ¿Atenta contra esos derechos fundamentales? Segundo obstáculo jurídico: El principio de proporcionalidad. Tenemos que ver si esa medida es estrictamente necesaria porque el Tribunal de Justicia de la UE tiende a anular aquellas leyes que no son estrictamente necesarias y aquí podemos decir que si hay un control parental estricto y de verificación de edad quizás ese principio podría ser vulnerado". Por lo que en definitiva, hemos de decir que aún no ha nacido la norma y ya encontramos los primeros baches, y apunta Pilar Sánchez: "No es tan sencillo".
Hemos dicho que las redes sociales no son ilegales, y es cierto, pero también lo es que es evidente que en muchas ocasiones resultan perjudiciales para la salud mental de nuestros menores. "No son algo ilegal, pero sí que es cierto que están basadas en lo que se llama economía de la atención. Todo modelo de negocio basado en la economía de la atención los últimos estudios indican que es muy tóxico para los cerebros en desarrollo", puntualiza Sánchez Bleda.
Es muy apresurado avanzar cómo será esa futura ley que todavía no ha sido metida en el horno. "Todavía hay muchísimas incógnitas. No sabemos ni cuál va a ser el marco jurídico, qué se va a entender por redes sociales... Todavía estamos en un momento muy preliminar".
Podría optarse por una prohibición directa como ha llevado a cabo Australia, por un camino intermedio basado en un férreo control parental como Francia o por una fórmula mixta como hay en Florida.
Otro de los puntos del anuncio fue que se haría a los dueños de estas grandes plataformas responsables de los contenidos ilícitos que en ellas se viertan. De nuevo, hablamos de supuestos porque no hay nada escrito en firme. Para ello dice la experta: "Tiene que haber una ley orgánica donde se establezca la responsabilidad civil o penal de estas empresas o plataformas. Todavía no sabemos exactamente cómo se va a regular. Hoy en día los contenidos ilícitos se persiguen, otra cosa es que haya una responsabilidad penal sobre esa autorización" y al respecto la abogada aclara: "No es que en la red todo se pueda sino que es más difícil de perseguir, pero hoy en día hay contenidos ilícitos y hay canales de denuncia para que esos contenidos ilícitos se puedan eliminar. En el futuro lo que se pretende es que sean medidas disuasorias para que no sea a posteriori".