La Fundación Hermes da un paso más en la protección digital con la primera Declaración de Deberes y Responsabilidades

La Fundación Hermes ha presentado la primera Declaración de Deberes y Responsabilidades Digitales en España, un documento que establece un marco sistemático para determinar quién debe garantizar los derechos digitales, ante qué riesgos y con qué grado de responsabilidad. La iniciativa, desarrollada en el marco del Observatorio de Derechos Digitales y con el apoyo de Red.es, complementa la Carta de Derechos Digitales aprobada en 2021.

Si aquella carta definía los derechos que deben protegerse en el entorno digital, esta nueva Declaración da un paso más al concretar las responsabilidades de los distintos actores implicados, con el fin de asegurar su cumplimiento efectivo.

El documento parte de una idea clave: no todos los actores tienen el mismo nivel de responsabilidad. En un entorno digital marcado por fuertes asimetrías, establece una lógica de responsabilidad graduada en la que, cuanto mayor es la capacidad de influencia, mayor debe ser el nivel de exigencia. Así, diferencia los deberes de poderes públicos, plataformas y prestadores de servicios digitales, empresas y particulares.

Entre sus principales aportaciones, el texto subraya que las mayores exigencias deben recaer en los actores con mayor capacidad de condicionar el ejercicio de derechos, especialmente las grandes plataformas digitales. Además, incorpora cuestiones emergentes como los neurodatos, la necesidad de reforzar la protección de menores en entornos digitales y el uso de la inteligencia artificial bajo criterios de transparencia, supervisión humana y control del riesgo.

La Declaración incluye también un decálogo de compromisos dirigido a administraciones, empresas y plataformas. Entre ellos destacan la garantía de una conectividad asequible y sin brechas, el impulso de la alfabetización digital, la protección de datos con criterios de licitud y transparencia, el refuerzo de la ciberseguridad y la obligación de evitar sesgos y discriminaciones en decisiones automatizadas.

Un decálogo de compromisos

El documento incluye el siguiente decálogo de compromisos dirigido a las plataformas, las administraciones y las empresas:

1. El mayor poder e influencia de las plataformas y grandes prestadores se traduce en más responsabilidad y responsabilidades más exigentes.

2. Las administraciones deben asegurar conectividad asequible, sin brechas.

3. Asegurar servicios públicos digitales accesibles y alternativas para garantizar el acceso efectivo.

4. Las administraciones, empresas y plataformas deben impulsar la alfabetización digital.

5. Las administraciones, empresas y plataformas deben proteger y tratar los datos con licitud, minimización y transparencia.

6. Reforzar la ciberseguridad como estándar de confianza tanto por los poderes públicos como por los prestadores, en especial las plataformas.

7. Evitar sesgos y discriminaciones en decisiones automatizadas, además de garantizar intervención humana cuando haya efectos relevantes.

8. Debe protegerse la suplantación de identidades. Debe permitirse el uso de seudónimos salvo necesidad legal o de seguridad.

9. Las plataformas deben garantizar la libertad de expresión con moderación responsable y transparente, a la vez que deben actuar frente a lo ilícito con diligencia.

10. Los servicios accesibles a menores deben tener una protección reforzada. El uso de neurodatos debe evitar discriminación y manipulación ilícita. La IA debe aplicarse con supervisión humana y límites normativos claros.

"Hemos querido responder a una pregunta que hasta ahora seguía sin resolverse: quién responde cuando en el entorno digital se vulneran derechos. Sin una atribución clara de responsabilidades, los derechos corren el riesgo de quedarse en una formulación declarativa", explica Carlos López Blanco, coordinador y autor principal del documento.

En la misma línea, Beatriz Escriña, subdirectora general de la Fundación Hermes, señala que "esta Declaración llena ese vacío y propone un criterio claro: a mayor capacidad de control, mayor responsabilidad".

El documento ha sido elaborado con la participación de más de una treintena de expertos del ámbito jurídico, tecnológico y académico, entre ellos José María Lassalle, Margarita Castilla y José Luis Piñar, con el objetivo de impulsar una digitalización más responsable y centrada en los derechos de las personas.

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