El Gobierno aprueba la ley trans que reconoce el cambio de nombre y sexo sin la obligación de hormonarse, informe médico ni testigos

"Por fin", ha exclamado la ministra Irene Montero, la ley trans llega al Congreso de los Diputados tras ver la luz verde en la mesa del Consejo de Ministros en la víspera del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Con la nueva norma, las personas que quieran hacer un cambio registral de nombre y sexo deberán pasar por un proceso de doble comparecencia, pero "sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidos y también sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas".

En el proceso de doble comparecencia primero se cubrirá un formulario en el que manifestará su disconformidad con el sexo mencionado y la petición de cambio y recibirá información de las consecuencias legales que tendrá este cambio, solicitando la rectificación. En la segunda, que debe ser en un plazo no superior a tres meses, la persona solicitante ratificará su solicitud y la persistencia de su decisión de cambio de sexo.

Este texto también contempla derechos para la infancia trans, según los cuales, los jóvenes entre 16 y 18 años podrán ir al registro y tendrán reconocido su derecho a la libre determinación de la identidad de género de la misma manera que los mayores de 18 años. Entre las personas de 14 a 16 años el procedimiento requerirá la autorización paterna o materna. Entre los 12 y los 14 años se podrá realizar a través de expediente de jurisdicción voluntaria, y, por debajo de los 12 años los niños trans podrán cambiar su nombre en el DNI.

El Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) pidió elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el registro sin aval judicial. El órgano de gobierno de los jueces alertó además que las mujeres podrían salir perjudicadas en ciertos ámbitos, como el deportivo o las pruebas físicas para acceder a determinadas profesiones.

Se reconoce también el derecho de las personas migrantes trans a que puedan modificar los documentos expedidos en España si en su país de origen no tiene garantizados sus derechos como persona trans.

El proyecto de Ley permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción humana y el Gobierno se compromete a redactar una Orden Ministerial en el plazo de 6 meses para ampliar este derecho a las personas trans con capacidad de gestar. Del mismo modo, se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, con independencia de que esta haya dado su consentimiento; consolida derechos para las personas trans y LGTBI en el ámbito educativo y laboral; y garantiza que la atención sanitaria a las personas trans se realicen conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado.

Este texto, que pasa ahora a su fase de tramitación en el Congreso, también prevé la inclusión en los currículums educativos del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como un objetivo en todas las etapas, así como formación en la materia para todo el profesorado, entre otras medidas.

Hace un año se aprobó el Anteproyecto de Ley para la igualdad Real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI. La norma ha sido elaborada por los ministerios de Igualdad y Justicia y coordinada por la vicepresidencia primera. Durante su elaboración se han producido importantes desencuentros en el seno del Gobierno, entre ellos con la entonces vicepresidenta primera, la socialista Carmen calvo, que acabó saliendo del ejecutivo. Tras algunas modificaciones técnicas y "sin grandes cambios" con el texto inicial la ley vuelve al Consejo de Ministros. Esta Ley reconoce la libre determinación de género y deja de considerar enfermas a las personas trans.