POR CINCO DELITOS DE HOMICIDIO IMPRUDENTE
El fiscal pide 4 años de prisión para el empresario Miguel Ángel Flores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave en el caso Madrid Arena, en el que fallecieron cinco jóvenes en una fiesta de Halloween, según las conclusiones provisionales hechas públicas.
La Fiscalía reclama una pena de tres años de prisión para otros once acusados más por los mismos delitos y dos años y seis meses de cárcel para los médicos Simón Viñals y su hijo Carlos, encargados de la enfermería del Madrid Arena, así como su inhabilitación para ejercer la profesión durante seis años.
En su escrito, el fiscal pide que se sobresea la causa con respecto al exjefe de la Policía Municipal de Madrid Enrique Monteagudo y al coordinador de Seguridad del Madrid Espacios y Congresos (Madridec), propietaria del recinto, José Luis Rodríguez Caamaño, por "no haber indicios suficientes para apreciar indicios de responsabilidad criminal".
También demanda el fiscal que se indemnice a los familiares de las víctimas con cantidades que oscilan entre los 243.000 y los 338.000 euros, así como al pago de otras cifras menores a una treintena de lesionados en la avalancha que se produjo en la fiesta.
La petición del fiscal contra el organizador de la fiesta, el empresario Miguel Ángel Flores, propietario de Diviertt, coincide con las penas reclamadas por los abogados de las familias de las cinco víctimas de la tragedia, ocurrida en la madrugada del 1 de noviembre de 2012.
Según el escrito, el fiscal considera que Flores, con "un claro ánimo de enriquecerse", vendió más entradas de las que permitía el aforo (un mínimo de 22.800 frente a 10.620 de aforo), "con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado que le eran exigibles por su condición de empresario dedicado al mundo del espectáculo".
A punto de cumplirse dos años del suceso, el fiscal, según figura en su escrito de conclusiones provisionales, pide tres años de cárcel para Rafael Pastor, director del departamento de Seguridad de Madridec; para Francisco del Amo, coordinador de proyectos de esta misma empresa, y para Roberto Mateos, el encargado del control de las cámaras del recinto.
Otros tres años solicita para Santiago Rojo, director general de Diviertt; para Miguel Ángel Morcillo, jefe de Personal de esta misma empresa; para José Ruiz Ayuso, técnico de operaciones de Madridec; para los coordinadores jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde; para el jefe de equipo de esta compañía, José Antonio Díaz Romero, y para los socios de Control 34 Carlos Manzanares y Emilio Belliard.
A Flores y a otros once acusados, el fiscal les imputa cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y dieciséis de lesiones también por imprudencia grave. Por su parte, a los médicos Simón Viñals y su hijo Carlos les imputa dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.