LOS EXPERTOS AFIRMAN QUE ESAS EXCLUSIONES SON INCONSTITUCIONALES

Vetados en la administración en España: si tienes VIH no puedes ser policía o bombero

Los avances en el mundo de la medicina contra el VIH no se han producido en el ámbito de los derechos de las personas portadoras del virus, que siguen sin poder optar a determinados puestos en la Administración como policía o guardia civil aunque estén en perfectas condiciones físicas y psíquicas.

Son todas aquellas profesiones dentro de la función pública que cuentan con un cuadro de exclusión médica, es decir, un listado de enfermedades que impiden a la persona que padece alguna de ellas acceder a la plaza convocada en cuestión.

"Son enfermedades que la Administración entiende que si las tienes no puedes optar a ese puesto de trabajo", explica el director de la Cátedra de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) sobre Discapacidad, Enfermedad crónica y Accesibilidad a los derechos, Miguel Ángel Ramiro.

Es el caso, entre otros, de las personas con VIH, que no pueden ser bomberos, policías municipales, autonómicos, ni nacionales, tampoco pertenecer al Ejército, ni ser funcionarios de prisiones, tal y como señala Ramiro, que muestra su rechazo a esta situación. "Esa exclusión genérica es inconstitucional porque afecta al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución.

Se está produciendo una discriminación genérica por razón de enfermedad y ésta se usa para darle a una persona un trato diferente que no está justificado", opina en la víspera del Día Mundial de la lucha contra el Sida.

No está justificado porque, a juicio del experto, se pueden adoptar medidas alternativas que "no limiten de forma genérica en la función pública" y si bien reconoce que habrá supuestos clínicos cuya exclusión absoluta esté justificada, hay otros que están en perfectas condiciones para ejercer ese trabajo. "En el ámbito del VIH puedes encontrarte a personas que estén en fase sida y otras que estén asintomáticas", aclara Ramiro, quien también es el coordinador de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá, que colabora con la Coordinadora Estatal de VIH/sida (Cesida).

Lamenta estas "barreras" en la actualidad, cuando gracias a los "grandes avances" de la medicina hoy el VIH se puede considerar como una enfermedad crónica. "Esos avances no se han producido en el mundo de los derechos", subraya. El presidente de Cesida, Juan Ramón Barrios, comparte que esta situación es "absolutamente discriminatoria" y apunta que se debe a la clasificación del VIH como enfermedad infecto-contagiosa, algo que no comparte.

Sostiene que una patología infecto-contagiosa es aquella cuyas vías de transmisión no se pueden controlar como el cólera, la tuberculosis o la gripe, que se contagian a través del aire, el agua, los insectos o el contacto con la piel, lo que no ocurre con el VIH.

Precisamente esa clasificación es la que impide que las personas con el virus se beneficien, por ejemplo, de los viajes de termalismo social del Imserso. "Encuentro lógico que una persona con tuberculosis, por ejemplo, no pueda acceder a determinados sitios, pero en el caso del VIH, si no hay prácticas de riesgo, no tiene sentido este tipo de normativas", expone Barrios.

Así se lo han hecho saber en numerosas ocasiones y durante varios años a la Secretaría del Plan Nacional del Sida, del Ministerio de Sanidad, sin que hasta ahora sus reivindicaciones hayan dado su fruto.

Para el presidente de Cogam (colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Madrid), Jesús Grande, la situación es "absurda" porque está más que demostrado que una persona controlada tiene cero riesgo de transmisión del virus. Por eso, también comparte la necesidad de que se deje de considerar como una enfermedad infecto-contagiosa y se clasifique como infecto-transmisible.

"El VIH ahí sigue, para seguir estigmatizando, como una enfermedad de degenerados, con el mismo discurso que teníamos a principios de los años 90, por la desinformación", destaca Grande, quien también asegura que hay problemas en el acceso a las residencias de mayores.

Aunque es contrario a la legislación, hay "bastantes" casos en los que las residencias vetan el ingreso a estas personas, otro síntoma más de que aún queda mucho por hacer para acabar con el estigma del VIH.

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