Portugal aprueba la prohibición del burka en espacios públicos

Este viernes, el Parlamento de Portugal ha aprobado un proyecto de ley para prohibir utilizar el burka en lugares públicos del país, el siguiente paso es que Antonio José Seguro, el presidente de la república portuguesa, decida promulgarlo, vetarlo o enviarlo al Tribunal Constitucional.

La votación ha contado con los votos a favor de la derecha y la extrema derecha, Chega, que son los promotores de esta iniciativa. Sus diputados llegaron, incluso, a aplaudir de pie casi un minuto. André Ventura, el líder la formación, celebró en su cuenta de X la aprobación con un vídeo del hemiciclo acompañado del mensaje: "Quien odia nuestra cultura puede volver a su país".

En el texto aprobado, Chega ha hecho un repaso de algunos de los países europeos que han legislado y confirma que en Portugal "el respeto de la dignidad de las mujeres es, por parte de quienes con frecuencia lo invocan, a menudo ignorado". Por eso, es tan importante adoptar medidas "que no solo tiendan, de forma abstracta y objetiva, a la protección y las garantías de seguridad de los ciudadanos que se encuentran en el territorio nacional, sino que también estén dirigidas de manera específica e individual a la consecución de los principios de dignidad y respeto hacia las mujeres que deben guiar a cualquier estado de derecho".

La primera ley acompañada de polémicas

Hubo una primera normativa que fue aprobada en octubre de 2025 con el apoyo de los dos socios de Gobierno: el Partido Social Demócrata y el democristiano CDS-PP, además de Iniciativa Liberal y Chega, quienes se opusieron fueron el Partido Socialista, el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista de Portugal, también hubo abstenciones de PAN, el partido animalista, y JPP, el regionalista.

Como era de esperar, esta primera aprobación vino acompañadas de críticas y de manifestaciones como Amnistía Internacional condenando la propuesta legislativa, al considerar que es "discriminatoria" y viola los derechos humanos de las mujeres que optan por usar un velo para cubrirse el rostro.

Tras más de ocho meses y negociaciones entre Chega y el partido PSD, de centro derecha, que buscaba quitar peso al tema religioso argumentaron que se trataba de "seguridad pública y orden público", finalmente lograron acordar un texto final.

En un principio, la idea original planteaba una pena de prisión de hasta tres años para quienes se taparan el rostro en público, la propuesta final cuenta con sanciones económicas de entre 200 y 2.000 euros en caso de neglicencia, y de entre 400 y 4.000 en caso de dolo.

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