Bruselas reclama a España más medidas contra la corrupción y menos ataques a los jueces

España vuelve a estar en el foco de la Comisión Europea, esta vez para reclamar más medidas contra la corrupción, entre otros asuntos. Así lo exponen en su informe anual sobre el Estado de derecho en los Veintisiete, donde Bruselas reconoce "algunos avances" en la lucha contra la corrupción de alto nivel, pero los considera "limitados" y pide más reformas. Aunque se trata de recomendaciones políticas, no vinculantes, así que los Gobiernos no está obligados legalmente a cumplirlas.

Según el capítulo del informe dedicado a España, los servicios comunitarios admiten que se han dado pasos para reducir los tiempos de las largas investigaciones y procesos por corrupción de alto nivel, por ejemplo con aumento de plantillas y cambios legislativos. Sin embargo, a juicio de Bruselas "persisten los desafíos" y la tramitación de estas reformas está siendo lenta, por lo que considera que no es suficiente.

Por ello, el Ejecutivo comunitario "recomienda a España que impulse el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal con el fin de fortalecer el marco para las investigaciones y los enjuiciamientos por casos de corrupción de alto nivel, con miras a reducir las demoras".

Por otro lado, la Comisión también es crítica sobre los conflictos de interés y transparencia patrimonial de los altos cargos. En esa línea, considera que no se ha avanzado lo suficiente en cuanto al "fortalecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de altos cargos ejecutivos". Aún así reconoce el Plan Estatal de Anticorrupción, entre otras iniciativas, pero lamenta que la "aplicación práctica de la normativa vigente no ha mejorado".

Asimismo, Bruselas recomienda a España impulsar el proceso legislativo para reforzar la normativa sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de las personas con altas funciones ejecutivas y "garantizar la independencia y la eficacia de las facultades de detección y sanción del organismo supervisor competente".

Política y justicia

No obstante, el informe también trata la situación de los políticos hacia los jueces. No es la primera vez que ocurre, ya lo expuso en las dos ediciones anteriores, y en esta vuelve a reiterar la "preocupación" entre jueces y profesionales del derecho por las "declaraciones públicas de políticos", incluido el Gobierno, que critican decisiones judiciales concretas.

El documento destaca que "miembros del poder judicial, incluyendo el Tribunal Supremo, el CGPJ, las asociaciones de jueces, así como el Tribunal Constitucional, siguen señalando que las declaraciones contra jueces individuales contribuyen a la erosión de la confianza pública en el poder judicial".

También menciona las informaciones remitidas por el Tribunal Supremo sobre acusaciones de "lawfare" y críticas personales dirigidas contra magistrados, "especialmente tras recientes sentencias de gran repercusión".

Bruselas pide críticas

La Comisión recuerda que, de acuerdo con los estándares europeos, la "crítica" forma parte del debate democrático normal. Pero advierte de que "los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el poder judicial".

"Asimismo, todos los órganos del Estado, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial, deben aplicar el respeto mutuo para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza que el público en general deposita en ellas", concluye el informe.

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