SMI
La vicepresidenta segunda plantea cambios en la participación en los consejos de administración y critica que el presidente de la CEOE "cobra 23 veces el SMI".
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha intensificado este martes su confrontación con la patronal tras la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha cuestionado la negativa del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a respaldar el incremento salarial y ha subrayado que "cobra 23 veces el SMI".
La ministra ha enmarcado su intervención en un discurso sobre el reparto de la riqueza y la evolución de los salarios en España. "En el año 80 la participación de los salarios en la renta nacional alcanzaba el 80% en España, ahora lo hace en el 58%. Se ha construido un proyecto de país en contra de la gente trabajadora, hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro país", ha afirmado. También ha destacado que España es "el único de la OCDE que crece, que crece un 2,8%" y ha señalado la existencia de "márgenes empresariales brutales".
Díaz ha defendido que el Gobierno ha cumplido con su parte al impulsar el SMI y ha instado a las empresas a asumir ahora un mayor compromiso. "El Gobierno de España lanza un proyecto de éxito que es el SMI, y esto hace que suba el decil más bajo, pero hay un montón de salarios intermedios cuya media salarial en España es de 1.600 euros al mes", ha explicado. En ese contexto, ha advertido de que "bajar los salarios es empobrecer un país y hacerlo menos eficiente".
La vicepresidenta ha anunciado que en un plazo de quince días el Ejecutivo iniciará las reformas necesarias para "llevar la democracia a las empresas". El plan contempla nueve líneas de actuación vinculadas a los cambios demográficos, la digitalización y la transición climática.
Entre los retos señalados figura la pérdida prevista de un tercio de los trabajadores en las pymes en la próxima década, la incorporación de la inteligencia artificial y el impacto de la emergencia climática en el tejido productivo.
Uno de los ejes centrales de la propuesta pasa por reforzar la presencia de los trabajadores en los órganos de dirección. Díaz ha defendido que el nivel de participación actual es "muy débil" y ha vinculado esta cuestión a la fortaleza de la representación sindical.
La propuesta contempla que, en empresas de entre 50 y 1.000 empleados, un tercio de los miembros del consejo de administración correspondan a representantes de los trabajadores. Además, plantea fijar un umbral mínimo de participación en la propiedad del 2% en medianas empresas y hasta el 10% en grandes compañías, aunque sin detallar aún el mecanismo legislativo para su aplicación.
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