El Gobierno aprueba una ley anticorrupción con las medidas anunciadas tras el caso Koldo

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública, una ambiciosa iniciativa normativa que modificará 18 normas, entre ellas seis leyes orgánicas, con el objetivo de reforzar la lucha contra la corrupción, especialmente en el ámbito de la contratación pública.

La nueva norma se enmarca en el plan estatal de lucha contra la corrupción que fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio del año pasado. Aquel anuncio se produjo durante su comparecencia en el pleno del Congreso para abordar el caso Koldo, tras la entrada en prisión provisional de quien fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Según ha explicado la vicepresidenta María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el texto es una ley "muy ambiciosa" que incluye 84 medidas dirigidas a aumentar la transparencia y endurecer los mecanismos de control y sanción.

¿Qué cambia este proyecto de ley?

Entre las principales novedades figura la publicación y accesibilidad del registro de empresas que tengan prohibido contratar con la administración. Además, se amplía de 15 a 20 años el plazo durante el cual las empresas condenadas por corrupción no podrán contratar con el sector público ni recibir subvenciones o beneficios fiscales.

La reforma también endurece las obligaciones de los partidos políticos. A partir de ahora, las donaciones deberán notificarse cuando superen los 2.500 euros, frente al umbral actual de 25.000 euros, y esa comunicación deberá realizarse de forma mensual. Asimismo, los partidos estarán obligados a someter sus cuentas a auditorías externas, con un régimen sancionador más severo en caso de incumplimiento.

En el ámbito penal, el anteproyecto amplía el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años. Para facilitar la recuperación del dinero malversado, se refuerza la oficina de recuperación y gestión de activos y se amplía la capacidad del Estado para incautar bienes desde el inicio de la investigación. Entre las herramientas previstas se incluyen el "decomiso sin condena" y el decomiso por "riqueza no justificada".

Una de las medidas destacadas es la creación de una agencia independiente de integridad pública, una de las exigencias planteadas por Sumar. Este nuevo organismo aglutinará funciones actualmente dispersas y será el encargado de coordinar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude. Además, garantizará el anonimato de los denunciantes y podrá practicar pruebas dentro de la administración antes de que el caso llegue a los juzgados, que seguirán siendo los responsables de perseguir y sancionar los delitos penales.

Montero confía en que los grupos respalden su iniciativa

Pese al avanzado estado de la legislatura y a las dificultades del Ejecutivo para recabar apoyos parlamentarios, Montero ha expresado su confianza en que los grupos respalden la iniciativa. El objetivo del Gobierno es aprobar el proyecto para remitirlo al Congreso antes del verano, iniciar su tramitación parlamentaria en septiembre y lograr su publicación en el Boletín Oficial del Estado antes del final de la legislatura, prevista para mediados de 2027. Según ha recordado la vicepresidenta, el presidente Sánchez mantiene su intención de agotar el mandato.

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