Carles Puigdemont
El abogado de Puigdemont responde con un escrito en el que asegura que el Tribunal de Cuentas "no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" por la ley de amnistía.
Carles Puigdemont asegura que el Tribunal de Cuentas "no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)" por la ley de amnistía.
A través de un escrito, el expresidente catalán argumenta que el Tribunal de Cuentas no cumple con el requisito de independencia que obliga la norma europea ya que considera es un órgano es jurisdiccional.
El abogado del expresidente, Gonzalo Boye, ha defendido por escrito a la providencia que el pasado 11 de junio emitió la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento en la que preguntaba a la Fiscalía, a Sociedad Civil Catalana y a las defensas de los 35 encausados si creían que debía plantear una cuestión prejudicial al TJUE al haber sido publicada la ley de amnistía en el BOE.
Boye utiliza como argumento que según el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales "está reservada a los órganos jurisdiccionales de los estados miembros". Reconoce que el Tribunal de Cuentas de nuestro país es un órgano constitucional y tiene funciones tanto administrativas como jurisdiccionales, pero matiza "esto no le confiere automáticamente la condición de órgano jurisdiccional".
Subraya que el TFUE obliga a que para calificar de órgano jurisdiccional ha de tener carácter permanente, que tenga jurisdicción obligatoria que haya un procedimiento contradictorio, que aplique normas de derecho y que sea independiente".
Reprocha Boye que el Tribunal de Cuentas ha incurrido en una "sistemática vulneración del derecho de la Unión" en contra de su cliente que por ahora tiene inmunidad por su calidad de parlamentario europeo. Entiende que el procedimiento abierto contra Puigdemont es "claramente sancionador" y que la norma europea señala que la inmunidad se aplica a procesos en los que "la sanción que se pueda imponer sea, por su naturaleza y grado de severidad, una sanción penal, independientemente de que la infracción no pueda ser castigada con una pena de prisión".
"Por tanto, tanto para las actuaciones previas como para el procedimiento de reintegro por alcance, era preceptiva la concesión previa del correspondiente suplicatorio, que debió ser solicitado ante el Parlamento Europeo. El hecho de que esto se omitiera desde el principio no exime su cumplimiento durante el curso del procedimiento".
Boye critica que en este órgano "solo se está perdiendo el tiempo e incurriendo en gasto público indebido" y urge a que aplique sus propias normas en el caso relativo a los gastos del 'procés' y proceda a aplicar la amnistía sobre los encausados.
Cita el artículo 8 para recordar que el perdón se extiende a los procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas. Y por ello, concluye pidiendo que "se alcen las medidas cautelares acordadas en su día y se archiven las presentes actuaciones sin incurrir en cualesquiera otras aventuras jurídicas carentes de cualquier sustento legal".
En la providencia previa, la consejera exponía que hay una serie de artículos de la ley de amnistía "que podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea".
Algunos de esos preceptos son los relativos a la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", al "principio de cooperación leal", a los "principios de igualdad y de no discriminación" y a los "principios de seguridad jurídica y confianza legítima" y al "principio del Estado de Derecho".
Además de Carles Puigdemont la lista de los 35 encausados se completa con el también expresidente Artur Mas, exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Carles Puigdemont comunicó a la policía francesa que lo citó para notificarle su imputación en la causa de Tsunami Democràtic que no piensa declarar ante la jueza del Tribunal Supremo y que solo lo haría ante la justicia de Francia. Puigdemont compareció este lunes en una comisaría de París, a requerimiento de la policía francesa, para comunicarle que el Tribunal Supremo lo investiga por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.
Gonzalo Boye ha presentado un escrito ante la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo, que lo investiga a él y al diputado de ERC Ruben Wagensberg en el caso de Tsunami Democràtic, para pedir que se le tenga por personado en la causa y se le dé traslado de todo el procedimiento.
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