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El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas bancarias de Zapatero y de su entorno

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, autoriza a la UDEF a investigar cerca de 60 cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas, su secretaria y varias sociedades vinculadas a la trama.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a rastrear cerca de 60 cuentas bancarias vinculadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas Alba y Laura, su secretaria Gertrudis Alcázar, su socio Julio Martínez y varias sociedades relacionadas con la investigación.

El magistrado ha ordenado recabar los movimientos bancarios realizados desde el 1 de enero de 2020 en cuentas de más de diez entidades con el objetivo de cruzarlos con las operaciones detectadas por los investigadores. La UDEF analiza esos movimientos, que apuntan a transferencias de cientos de miles de euros al entorno de Zapatero, como posibles indicios de una trama de tráfico de influencias.

Según el auto judicial, los avances de la investigación apuntan a que los pagos realizados por los clientes de la organización podrían haber llegado directamente al expresidente y a la empresa de sus hijas, Whathefav, o haberse canalizado a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez.

Los investigadores sostienen que los indicios apuntan a una estructura en la que Zapatero sería el "beneficiario principal", mientras que Julio Martínez actuaría como "gestor y canalizador" de los fondos mediante distintas sociedades. Entre las empresas analizadas figuran Caletón Consultores, Summer Wind, Zenzap o Inteligencia Prospectiva, algunas de ellas investigadas por sus movimientos económicos.

Según la UDEF, el papel de Julio Martínez no se limitaría al de un mero intermediario, sino que habría actuado como persona de confianza del expresidente y como interlocutor directo con los clientes de la red investigada.

La secretaria de Zapatero, en el foco de la investigación

Una de las nuevas líneas de investigación se centra en el patrimonio de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero. La UDEF considera que habría tenido un papel relevante en la operativa investigada por su intervención en las comunicaciones, el intercambio de documentación y el control de la agenda del expresidente.

Los agentes han detectado que Alcázar adquirió una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria entre marzo de 2021 y junio de 2023.

La UDEF señala que, hasta el momento, no ha constatado que la secretaria haya recibido fondos procedentes directa o indirectamente del entramado investigado. No obstante, considera necesario analizar su patrimonio por el papel que los agentes le atribuyen dentro de la operativa.

Investigación sobre el entorno empresarial

El juez también ha autorizado investigar cuentas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero y propietario de Análisis Relevante, una mercantil bajo investigación por presuntos pagos al entorno del expresidente.

Además, los agentes analizarán los movimientos de otras sociedades, como ASP Rentas, que según la UDEF registró entre 2020 y 2025 cerca de dos millones de euros tanto en entradas como en salidas de fondos. Los investigadores consideran que ese volumen de movimientos no se correspondería con los ingresos declarados por la compañía.

El magistrado también ha autorizado revisar otros productos bancarios de sociedades bajo sospecha y ha ordenado abrir una pieza separada para incorporar la documentación bancaria que se reciba, con el objetivo de depurar aquellos datos que no sean relevantes para la causa o que puedan afectar a la intimidad de las personas implicadas.

Estas diligencias se enmarcan en el caso Plus Ultra, en el que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea durante la pandemia. La causa trata de esclarecer si existió una red de tráfico de influencias vinculada a la concesión de esa ayuda pública.

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