Unidas Podemos
El Congreso de los Diputados, con el voto en contra de PP y Vox, ha aprobado una iniciativa de Unidas Podemos por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para que las empresas tecnológicas prevengan la propagación de mensajes de odio en las redes sociales y borrar los 'mensaje de odio', facilitando la vigilancia y la eliminación inmediata. Los de Pablo Iglesias decidieron llevarlo a debate de la Comisión de Interior tras comprobar que la irrupción del Covid ha generado "una creciente polarización" en la opinión pública que, organizada por diferentes grupos de opinión, utiliza el espacio digital para señalar a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la crisis sanitaria.
Vigilar el odio
En su iniciativa sostienen que el dolor colectivo derivado del coronavirus se ha estado "instrumentalizando con fines ideológicos" lo que ha puesto en riesgo la seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de estos "linchamientos" digitales. Así las cosas, Unidas Podemos, por boca de su diputado Ismael Cortés, ha pedido que España siga el ejemplo de Alemania y Francia, donde ya tienen leyes que vigilan y eliminan los discursos de odio que circulan en el espacio digital, y adopte las medidas necesarias en este sentido.
24 horas para eliminarlos de la red
En concreto, se insta al Gobierno a garantizar que los usuarios de las empresas tecnológicas dispongan de la información necesaria sobre cómo denunciar los contenidos que inciten al odio. Plantean que se simplifiquen los mecanismos para denunciar este tipo de mensajes, que se reduzca el tiempo de procesamiento de los contenidos y que los operadores de las empresas dispongan de 24 horas para eliminarlos de la red, y de solo una cuando las víctimas sean menores.
¿Contra la libertad de expresión?
Esta proposición de ley ha sido respaldada tanto por el PSOE como por Esquerra Republicana (ERC) mientras que el PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra la misma, acusando a los de Pablo Iglesias de pretender "atentar" contra la libertad de expresión. "Quieren implantar una Inquisición laica contra todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos", ha manifestado el diputado de Vox Manuel Mariscal. En el PP Eloy Suárez ha tachado de "disparate" que los adalides de "lo público" pretendan que las empresas tecnológicas privadas, y no los jueces, decidan sobre lo que está bien o mal en las redes sociales y que además sea Podemos, el partido que "ha señalado domicilios de jueces y diputados para escraches", los que promuevan ahora esta iniciativa. "Ustedes pueden criticarlo todo pero a ustedes no se les puede decir la mínima palabra", se ha quejado Suárez, apuntando que su partido defenderá la libertad de expresión "hasta el último momento". Por último, el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero ha dicho que su partido no podía estar en contra de la propuesta de la formación morada pero ha apuntado la necesidad de prohibir todos los discursos de odio, no sólo uno, y singularmente le ha preguntado si en ese listado de discursos de odio se incluyen las aseveraciones de los ministros de Podemos contra el rey.
Enaltecimiento del terrorismo, no
El Congreso ha rechazado una iniciativa de Vox que instaba al Gobierno a prohibir los actos que entrañen un enaltecimiento del terrorismo y/o justificación de los delitos terroristas y sus autores, así como de los que conlleven "descrédito" y "humillación" a las víctimas del terrorismo y sus familiares. "Etarras, no; víctimas sí", ha resumido la secretaria general de Vox, Macarena Olona, quien ha acusado al Gobierno de actuar con "permisividad" con este tipo de actos "ignominiosos" como "concesión" al PNV y Bildu, de cuyos votos depende su permanencia en el poder. Así las cosas, Vox pide al Gobierno que inste a sus delegados de gobierno en País Vasco y Navarra a llevar a cabo las actuaciones necesarias para impedir la celebración de este tipo de actos proetarras, a modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para incluir un régimen sancionador para quienes incumplan esta norma, y a atender las Recomendaciones del Informe sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial de Terrorismo del Parlamento Europeo de 21 de noviembre de 2018. La propuesta de los de Abascal ha sido respaldada tanto por el PP como por Ciudadanos, quienes también han criticado la "pasividad" del ejecutivo para con estos homenajes, que han cifrado en torno al centenar en los últimos años, y han exigido poner fin a la "indefensión" de las víctimas.