El Gobierno se muestra tranquilo ante la "solidez" de la regularización de migrantes, mientras sindicatos denuncian que 400.000 no vivían en España

Ya finalizado el plazo para tramitar la regularización, el Gobierno se ha pronunciado ante la puesta en duda del Tribunal Supremo sobre el Real Decreto que la sustenta. Y es que hace 24 horas el TS manifestaba su posible decisión de llevar la regularización de migrantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por "si podría entrar en colisión" con la normativa comunitaria.

Ha sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien se ha pronunciado al respecto este miércoles durante el balance del primer año de la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia, en el Palacio de Parcent (Madrid).

"Absoluta tranquilidad"

"Tenemos la absoluta tranquilidad de que es un Real Decreto muy sólido, que ha contado con todos los informes preceptivos", ha asegurado Bolaños ante los medios de comunicación.

En sintonía con estas palabras, ha destacado que el proceso de regularización está dirigido a migrantes en situación irregular, a personas que ya estaban en España, y lo ha calificado de "éxito". "Tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de los derechos, el proceso es un éxito. Y creo que es la idea fundamental que tenemos que subrayar", ha señalado.

"España tiene perfecto derecho a aprobarla"

Despejando su incertidumbre ante esta posible decisión, Bolaños ha explicado que "la Comisión Europea, por boca de sus portavoces, ya ha dejado claro que la regularización no choca con ninguna norma europea y, además, que España tiene perfecto derecho a aprobar una regularización de estas características".

A esto se suma otro dato que él mismo ha resaltado: el Supremo ya rechazó en mayo medidas cautelares para suspender el proceso de regularización. Por tanto, ha manifestado su "total respeto" por la decisión que pueda adoptar.

En caso de elevarse la cuestión prejudicial al TJUE, el ministro de Justicia niega la "suspensión" del proceso, ya que, insiste, "únicamente se podría hacer a través de una medida cautelar que el Supremo ya ha rechazado".

Sindicatos policiales: "1 de cada 3 no residía en España"

Por su parte, los sindicatos policiales se muestran distantes respecto a las palabras del ministro y afirman que 400.000 de los 1,3 millones que se han acogido a la regularización extraordinaria promovida por el Gobierno no estaban residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025, fecha de corte establecida para solicitarla.

Es decir, aseguran que uno de cada tres no era residente en nuestro país el año pasado, insinuando así una llegada motivada por esta vía.

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