El Supremo rechaza paralizar de forma cautelar la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno y que comenzó el pasado mes de abril. La decisión supone un respaldo provisional al real decreto impulsado por el Ejecutivo, mientras continúa la batalla judicial abierta por la Comunidad de Madrid, Vox y varias asociaciones contrarias a la medida.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal tomó la decisión después de escuchar durante cinco vistas los argumentos de todas las partes implicadas. Entre quienes solicitaron la suspensión temporal del proceso figuraban el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

Sin embargo, el Supremo solo ha reconocido legitimación para recurrir a Vox y a la Comunidad de Madrid, mientras que ha rechazado admitir a trámite los recursos presentados por las asociaciones al considerar que no acreditan un interés suficiente para impugnar la medida ante la Justicia.

Más de medio millón de solicitudes

El proceso extraordinario de regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de conceder permisos de residencia y trabajo a personas migrantes que ya se encuentran viviendo en España.

Según los últimos datos aportados por el Ejecutivo, hasta este momento se han registrado 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 ya han sido admitidas a trámite. Esa admisión implica la concesión de una autorización provisional para residir y trabajar en territorio español mientras continúa el procedimiento administrativo.

El Gobierno sostiene que esta medida busca facilitar la integración social y laboral de personas que ya residen en el país y defiende que tendrá efectos positivos sobre la economía y el mercado laboral a medio y largo plazo.

Madrid y Vox alertan del impacto

Durante las vistas celebradas en el Supremo, tanto la Comunidad de Madrid como Vox defendieron que la regularización podría generar un fuerte impacto sobre los servicios públicos y entrar en conflicto con la normativa europea en materia migratoria.

El Ejecutivo regional madrileño aseguró que solo en esa comunidad podrían beneficiarse alrededor de 255.000 personas, una cifra que, según sus cálculos, tendría consecuencias sobre áreas como la sanidad o los servicios sociales.

Por su parte, Vox advirtió de un posible choque con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de junio.

Ambos recurrentes defendieron además que las autorizaciones provisionales concedidas durante el proceso generarían "derechos consolidados" difíciles de revertir en caso de que la Justicia terminara anulando el decreto.

El Gobierno defiende la medida

La Abogacía del Estado rechazó todos esos argumentos y defendió la legalidad de la regularización extraordinaria. Durante las vistas, el representante jurídico del Gobierno sostuvo que el proceso es "especialmente limitado" y está orientado a favorecer la integración de personas ya asentadas en España.

El Ejecutivo apoyó además su defensa en informes elaborados por el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social, documentos que apuntan a posibles efectos positivos sobre el crecimiento económico y la actividad laboral.

Mientras tanto, fuentes de Hazte Oír ya han anunciado que recurrirán tanto la decisión sobre la legitimación como la negativa del Supremo a suspender cautelarmente la medida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.