El Supremo plantea acudir al TJUE por las "dudas" sobre la posible "colisión" de la regularización de migrantes con la normativa europea

Este martes termina el plazo para tramitar la regularización extraordinaria de personas migrantes, un proceso impulsado por el Gobierno que ha generado dudas legales y ahora podría acabar siendo analizado por la justicia europea. El motivo es que el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a llevar este asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que existe una "duda" sobre si esta regularización podría "entrar en colisión" con la normativa comunitaria.

Concretamente los magistrados han planteado esta posibilidad a través de dos providencias, recogidas por Europa Press, en las que dan un plazo de cinco días a las partes implicadas para pronunciarse. La decisión llega tras los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón.

Según explica el alto tribunal, el real decreto aprobado por el Ejecutivo incluye disposiciones que permiten conceder permisos de residencia a personas en situación irregular, pero no " de un reconocimiento individualizado de dicho permiso, sino de un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular, debiendo reunir determinadas condiciones, ahora irrelevantes".

En la misma línea, el Supremo subraya que este modelo de regularización plantea dudas respecto a su encaje con el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, aprobado en 2024: "El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión".

Podría afectar a más de 900.000 personas

El Supremo somete al parecer de las partes "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".

El tribunal también cuestiona si este tipo de medidas pueden adoptarse sin coordinación previa con la Comisión Europea o con otros Estados miembros.

Además, los magistrados planteanque si con la vigencia del Pacto sobre Migración y Asilo y, en particular, lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2024/1351, un país puede aprobar, mediante una una regularización masiva basada únicamente en una "mera decisión política" y que podría afectar a entre 900.000 y 1.650.000 personas.

Esto llega semanas después de que el propio tribunal rechazara suspender cautelarmente la regularización, una petición que habían presentado Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.

Para rechazarlo los jueces defendieron el "interés público" de la medida y destacaron su "sustrato humano", que "se contrae, en esencia, a permitir la plena integración de aquellas personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales".

Más de un millón de solicitudes

Mientras tanto, el proceso sigue su curso. El plazo para presentar solicitudes finaliza este martes, tras más de dos meses en marcha. Según fuentes del Gobierno, se han registrado alrededor de 1,2 millones de solicitudes, aunque advierten de que los datos aún deben depurarse, ya que "pueden existir duplicidades y otros factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales".

En un principio, el Ejecutivo estimaba que más de 500.000 personas podrían beneficiarse de esta medida.

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