La Complutense cifra en más de 113.000 euros el coste público del software de la cátedra de Begoña Gómez

La Universidad Complutense de Madrid ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el coste exacto del software desarrollado para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva, vinculada a Begoña Gómez, y que se encuentra bajo investigación judicial. Según la documentación remitida al magistrado Juan Carlos Peinado, el importe total abonado con fondos públicos asciende a 113.509,32 euros.

El escrito, elaborado por la Asesoría Jurídica de la Complutense, detalla que el desarrollo del software tuvo un coste directo de 108.765,79 euros en contratos administrativos, a los que se suman algo más de 4.700 euros correspondientes a horas de trabajo y dedicación de personal técnico, administrativo y jurídico de la propia universidad. La institución solicita que estas cifras queden incorporadas desde ahora a la causa, ante la posibilidad de que se deriven responsabilidades económicas en el procedimiento.

Desglose del gasto público

La universidad explica que el grueso del gasto procede de los contratos firmados para el diseño y desarrollo del programa informático de la cátedra. A esa cantidad se añaden los costes internos generados por distintos servicios universitarios, como Intervención, Contratación, Servicios Informáticos, Escuela de Gobierno y Asesoría Jurídica. Todos estos importes han sido acreditados mediante informes firmados por funcionarios públicos, que ya obran en poder del juzgado.

En total, la Complutense cifra el desembolso público en algo más de 113.000 euros, una cantidad que considera relevante a efectos de una eventual responsabilidad civil. En su escrito, la universidad subraya que el software fue financiado íntegramente con dinero de la institución y que, por tanto, debe valorarse el posible perjuicio económico causado.

El documento remitido al juez deja claro que la Complutense no prejuzga el resultado de la investigación, pero sí solicita que, en caso de que se declare una responsabilidad penal en sentencia firme, se tenga en cuenta desde ahora la cuantificación del daño económico. El objetivo, según señala, es facilitar una eventual reclamación de indemnizaciones, multas o compensaciones por los daños y perjuicios sufridos.

La universidad recuerda que ya fue informada formalmente por el juzgado de su condición de posible perjudicada y que manifestó su intención de ejercer las acciones civiles que le correspondan si el procedimiento concluye con condena. Por ello, pide que la cantidad quede reflejada de forma provisional en la causa.

Investigación en fase avanzada

La Complutense también solicita al magistrado que, si lo considera necesario, ordene nuevas diligencias para verificar las cifras aportadas, como auditorías complementarias o informes periciales adicionales. Todo ello, precisa, sin perjuicio de la valoración definitiva que se realice en la fase de enjuiciamiento.

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