El juez Peinado insiste en reclamar los pasaportes de Begoña Gómez y su asistenta

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez y a su asistenta en Moncloa, Cristina Álvarez, ha vuelto a reclamar la entrega de sus pasaportes en el marco de la investigación judicial en curso. No se trata de la primera vez que el magistrado formula este requerimiento, que tiene como objetivo esclarecer si ambas realizaron desplazamientos fuera del ámbito europeo relacionados con la cátedra universitaria que dirigía Gómez.

Según consta en las actuaciones, el juez pretende concretar fechas, duración y circunstancias de posibles viajes internacionales para determinar si se produjeron gestiones vinculadas a dicha actividad académica y si, en ese contexto, la asistenta —personal adscrito a Presidencia del Gobierno— pudo participar en tareas ajenas a sus funciones públicas.

Viajes y uso de recursos públicos

La investigación se centra en verificar si existió una eventual utilización de medios públicos para actividades privadas. En este sentido, el pasaporte es considerado por el magistrado una herramienta clave para cotejar los desplazamientos realizados y su coincidencia temporal con iniciativas relacionadas con la cátedra universitaria. El requerimiento judicial no implica la incautación del documento, sino su presentación para comprobación.

Pese a ello, han transcurrido más de dos meses desde que se solicitó formalmente esta información sin que, hasta el momento, se haya producido la entrega de los pasaportes por parte de las investigadas. Ante esta situación, el juez ha dado un paso más y ha solicitado a la Policía judicial que recabe toda la información necesaria sobre los procedimientos disponibles para ejecutar el requerimiento.

Posibles consecuencias legales

Fuentes jurídicas señalan que el incumplimiento reiterado de un mandato judicial puede acarrear consecuencias procesales adicionales. La legislación contempla la posibilidad de apreciar una infracción e incluso un delito de desobediencia si persiste la negativa injustificada a cumplir una orden emitida por un juez en el ejercicio de sus funciones.

Desde el entorno de la investigación se subraya que cualquier persona sometida a un procedimiento judicial tiene derecho a discrepar de las decisiones del instructor, pero siempre a través de los cauces legales establecidos, como la presentación de recursos, y no mediante la omisión de los requerimientos.

Por el momento, la investigación continúa abierta y a la espera de que se esclarezcan los desplazamientos objeto de análisis. El juez busca delimitar con precisión los hechos para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen avanzar en la causa o adoptar nuevas medidas.

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