Congreso
Los dos partidos nacionalistas han dado el 'sí' a la candidata socialista Francina Armengol para ser nueva presidenta de la Mesa del Congreso.
ERC y Junts per Cat han apoyado al PSOE para que Francina Armengol sea la nueva presidenta de la Mesa. Junts era el partido del que más dudas había sobre su apoyo en el Congreso. La formación de Carles Puigdemont ha sido muy contundente con el Gobierno de Pedro Sánchez por "promesas incumplidas". Dijeron que "no eran de fiar".
Finalmente la derecha nacionalista catalana ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista. Se trata de un acuerdo que se circunscribe únicamente a la Mesa del Congreso y que Junts y ERC desvinculan de las negociaciones para una posible investidura de Pedro Sánchez. Ya han quedado plasmadas en papel algunas de las exigencias que JxCat fijaba para apoyar a Armengol.
El pacto de ERC incluye garantizar el uso del catalán y las lenguas cooficiales en las sesiones plenarias y una comisión de investigación sobre el caso Pegasus. Asimismo, el acuerdo incluye avanzar por todos los caminos posibles para lo que llaman "desjudicializar" el "conflicto político" derivado del referéndum ilegal de octubre de 2017.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha solicitado por carta el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea. Para JxCat, la consideración jurídica del catalán como lengua oficial es "determinante" para que tenga "todos los mecanismos y el amparo jurídico necesario". Así lo ha comunicado Junts en una nota. En la petición también se busca el reconocimiento del vasco y gallego.
ERC y PSOE han acordado en el pacto una ley orgánica "para que el catalán sea lengua plenamente oficial en todas las instituciones del Estado". Por su parte, Junts considera que el uso "inmediato" del catalán en el Congreso "es perfectamente legal" y no necesita "ninguna reforma del reglamento", ya que creen que sólo hace falta "voluntad política".
Otro de los puntos del acuerdo entre los socialistas e independentistas es crear una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Tiene como objeto aclarar "los interrogantes" que todavía no se han resuelto. Quieren "llegar hasta el final". Se pide esclarecer "la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán Es-Saty" y si "los aparatos del Estado tenían información sobre el atentado".
El caso Pegasus fue un choque frontal entre los nacionalistas catalanes y el Gobierno central, el espionaje políticos independentistas mientras gobernaba el PSOE. Decenas de dirigentes sufrieron el espionaje a través de sus teléfonos móviles. El comunicado detalla que "hace falta una investigación exhaustiva para aclarar quién compró el programa y quién ordenó utilizarlo contra el independentismo".