Pisos Colmena
Los locales clausurados pretendían habilitar un total de 116 habitaciones en condiciones infrahumanas de 5 metros cuadrados cada una.
La Policía Local de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, ha clausurado dos proyectos de pisos colmena en los que pretendían habilitar un total de 116 habitaciones en condiciones inadecuadas de habitabilidad.
Durante la inspección, los agentes descubrieron un total de 79 infraviviendas en uno de los locales y 23 en el otro, todas ellas sin apenas ventilación, ni sistema de evacuación. Cada habitación tenía una superfície de 5 metros cuadrados, la cocina era compartida y los baños eran diminutos.
La actuación policial se llevó a cabo tras la alerta de un vecino que aseguraba que algo extraño estaba ocurriendo en uno de los locales. Varios residentes de la zona, han asegurado en declaraciones a Antena 3 Notícias que era un ir y venir de objetos, como colchones o lavadoras.
Al verificar la situación, los agentes constataron que las obras no contaban con los permisos requeridos y que las modificaciones que estaban haciendo infringían las normativas urbanísticas vigentes, lo que resulto en la paralización inmediata de las obras y el precinto de los locales. Haibu 4.0 ha confirmado a través de su cuenta de 'X' (anteriormente Twitter) que ellos son los promotores de la obra y han defendido este tipo de viviendas criticando al consistorio barcelonés por dejar a "a 116 personas sin techo donde dormir".
Los pisos colmena son espacios extremadamente reducidos que, aunque promueven soluciones habitacionales económicas, no están diseñados para cubrir las necesidades básicas de los residentes. Estos proyectos, además de violar las normativas urbanísticas, presentan graves deficiencias en términos de seguridad y salubridad. Las autoridades locales han insistido en que este tipo de construcciones no pueden considerarse una solución viable a la crisis habitacional, ya que vulneran los derechos fundamentales de las personas a vivir en condiciones dignas.
En marzo de 2024, entró en vigor el índice de precios de referencia para los alquileres en Cataluña, una de las medidas clave de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno. Cataluña es la única comunidad autónoma que ha solicitado su aplicación, afectando inicialmente a 140 zonas consideradas tensionadas.
Estas zonas tensionadas son áreas donde la oferta de viviendas no satisface las necesidades de la población, lo que provoca un incremento desmedido en los precios de los alquileres. El índice de precios de referencia tiene como objetivo principal limitar el alza de los alquileres en estas zonas, fijando una renta máxima y mínima para cada inmueble en función de sus características.
Este sistema se aplica a nuevos contratos de arrendamiento, estableciendo que la renta pactada no puede superar la última renta vigente en los últimos cinco años para la misma vivienda. Además, si el arrendador es un gran tenedor, entendido como aquellos propietarios con más de 10 inmuebles residenciales o más de 1.500 metros cuadrados, el precio no podrá exceder el límite máximo fijado por el índice de precios.
La regulación estará vigente por un periodo de tres años, aunque se podrá prorrogar anualmente si las condiciones que justificaron la declaración de zona tensionada persisten. Esta medida busca contener el aumento de precios y mejorar el acceso a la vivienda en Cataluña.
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