Monjas Belorado
Según su portavoz, no abandonarán el convento, tampoco entregarán en 48 horas una copia de las llaves del monasterio y no acudirán a ratificar ante un Tribunal su decisión de abandonar la iglesia católica para que se inicie el proceso de excomunión.
Una línea de cámaras ancladas a sus trípodes enfocando al convento de Santa Clara en Belorado describe un nuevo capítulo en el culebrón de las monjas cismáticas de la localidad burgalesa. Las religiosas que abandonaron la iglesia católica para abrazar la fe del obispo excomulgado, Pablo de Rojas, han vuelto rechazar el diálogo con la Santa Sede.
Una delegación integrada por la secretaria de la Federación de las Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, Sor Carmen Ruiz, el apoderado del Comisario Pontificio, Rodrigo Sáiz, y el notario del Tribunal Eclesiástico, Carlos Azcona, acudían al convento acompañados por una notaria para entregarles unos requerimientos. Según informaba el Arzobispado de Burgos en un comunicado, las monjas solo admitieron la presencia de la notaria porque los demás "no eran bien recibidos". Prueba de ello, es que las monjas solicitaron la presencia de una patrulla de la Guardia Civil para que abandonaran las instalaciones. El portavoz de las hermanas cismáticas, Fran Ceacero, asegura que les pidieron hasta en tres ocasiones que abandonara el convento y "por eso llamamos a la Guardia Civil".
Ha relatado que en el requerimiento les dieron un plazo de 48 horas para que entreguen una copia de las llaves del convento. Ceacero o Don José, como se hace llamar, añade que han citado a las monjas a acudir a un Tribunal para que ratifiquen su intención de abandonar la iglesia de Roma. "Dentro de 10 días deberán acudir para que, una por una, manifiesten voluntariamente su renuncia a la Iglesia y así se inicie el proceso de excomunión", aclara.
El portavoz de las clarisas de Belorado insiste en que no harán ni una cosa ni la otra. "Esto va a ser una guerra larga. No se va a resolver en dos días como ellos pretenden. Ya se verá quién gana", añade Ceacero quien denuncia que "han hecho todo sin una orden judicial y han bloqueado las cuentas de las monjas porque les interesa disolver las entidades y quedarse con los inmuebles".
El Arzobispado de Burgos lamenta lo sucedido y lo califica como "un gesto de hostilidad que manifiesta la nula intención de la comunidad de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo". El comunicado concluye reiterando "la voluntad del Comisario Pontificio de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución".
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