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Un moderador de contenido se querella contra Meta por daños psíquicos

Su trabajo consistía en ver 300 vídeos al día "de terrorismo, suicidio, asesinatos, decapitaciones, zoofilia, abusos sexuales a niños" hasta el final.

Imagen de archivo de metaReuters

Un moderador de contenido de Meta lleva a su empresa ante la justicia por "daños psíquicos". El trabajador de una de sus subcontrata, la empresa CCC Barcelona Digital Services, tenía que visionar imágenes de extrema violencia ya que se dedicaba a la censura de este contenido.

El denunciante ha asegurado que el trabajo que realizó, entre el año 2018 y 2020, eliminando contenido violento de Facebook, WhatsApp e Instagram, es equiparable a "una tortura psicológica". Por ello, ha solicitado al juez ampliar la querella que presentó contra su empleador directo e incluir a Meta Platforms Ireland Limited, sede europea de la empresa.

"Exigencias insostenibles"

El escrito de ampliación de querella, presentado el pasado lunes ante el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, ha explicado que, aunque el denunciante no era empleado directo de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg fijaba las condiciones laborales, imponiendo las "exigencias de calidad y productividad insostenibles" que estaban "caracterizadas por un incumplimiento continuo y flagrante de la normativa laboral en materia de prevención de los riesgos laborales".

En esta dirección, el texto ha detallado que los trabajadores tenían que ver unos 300 vídeos al día "de terrorismo, suicidio, asesinatos, decapitaciones, zoofilia, abusos sexuales a niños" hasta el final para conseguir una alta valoración de parte del Departamento de Calidad de la empresa.

El pasado mes de enero, la justicia ya dictaminó que la baja médica que obtuvo el trabajador tiene que ser calificada como accidente laboral, ya que está causada por el estrés que sus labores le causan. Un reconocimiento que han reclamado 25 empleados con una baja médica tipificada como enfermedad común.

En 2021 la Inspección de Trabajo de la Generalitat ya abrió una investigación y, un año después, impuso una multa de más de 40.000 euros a Meta por deficiencias en la evaluación y prevención de riesgos psicosociales en los puestos de trabajo.

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