Abuso sexual
Según la denuncia, la niña habría realizado manifestaciones relacionadas con supuestos tocamientos en su zona íntima y expresó dolor en varias ocasiones.
El relato de su hija la dejó perpleja, las molestias que sufría la menor en sus partes íntimas coincidían con lo que la niña le contaba sobre posibles tocamientos por parte de su padre. Inmediatamente, acudía a la Guardia Civil para poner denuncia: aseguraba que la menor de tres años había regresado de pasar unos días con su padre y presentaba molestias genitales, dolor al orinar y cambios de comportamiento.
Según la denuncia, la niña habría realizado manifestaciones relacionadas con supuestos tocamientos en su zona íntima y expresó dolor en varias ocasiones. La madre ha presentado ante la policía grabaciones de audio y vídeo realizadas con el teléfono móvil, en las que la niña habla del dolor. También se incorporó al procedimiento el testimonio de un hermano de la menor, quien habría mencionado que el padre le daba besos.
La niña ha sido atendida en varias ocasiones en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Los informes médicos reflejan irritación vulvar, vulvitis inespecífica y molestias urinarias, aunque no describen lesiones traumáticas ni signos físicos concluyentes compatibles de forma inequívoca con una agresión sexual. Las pruebas analíticas practicadas tampoco arrojaron resultados determinantes.
Durante las exploraciones sanitarias, la menor respondió de forma variable a las preguntas de los médicos. Ante esta situación, el personal sanitario activó los protocolos de protección infantil y trasladó el caso a Trabajo Social para activar el proceso de valoración, diagnóstico e intervención si fuera necesario. Después de la denuncia presentada por la madre, la Guardia Civil ha remitido las diligencias al juzgado junto con una solicitud de orden de protección de la niña de tres años, para limitar el contacto entre el padre y la menor mientras continuaban las investigaciones.
Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arucas, que lleva el caso, ha rechazado adoptar medidas cautelares, al considerar que "no existen indicios objetivos suficientes de riesgo grave e inmediato". En el auto judicial se señala la ausencia de lesiones concluyentes, la ambigüedad de las grabaciones aportadas y la carencia de verificación del relato.
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