Huelva
Junto a la nómina, los trabajadores recibían un papel donde se les exigía devolver un porcentaje del sueldo.
Dos empresarios han sido detenidos, y otras dos personas están siendo investigados por presuntamente haber obligado a sus empleados a devolver parte del dinero de sus nóminas, para así poder cobrar al mes siguiente, o no ser despedidos.
La investigación ha sido bautizada como operación 'Limusina' y nació a raíz de la denuncia de un antiguo trabajador de la empresa, dedicada a la construcción de estructuras metálicas en la localidad de Valverde del Camino (Huelva). En el escrito, el trabajador ya advertía de las técnicas ilegales que empleaba la entidad.
Guardia Civil, Hacienda y Seguridad Social han colaborado en la investigación, que ha permitido descifrar el modus operandi de la empresa. Los dueños trasferían con normalidad el importe de las nóminas a sus empleados, pero después les hacían entrega de un papel donde constaba que deberían devolver en efectivo un porcentaje de lo cobrado a las secretarias. En caso de no cumplir, los empleados eran amenazados con no cobrar la próxima nómina, e incluso ser despedidos.
Fue gracias a las declaraciones de otros cuatro extrabajadores y una auditoría centrada en los ordenadores y papeles de la empresa, a través de la cuales los agentes e inspectores de trabajo encontraron los documentos donde aparecía la reclamación de parte de la nómina. Estos fueron hallados en una papelera y una trituradora próximas a la oficina de las secretarias.
Tras encontrar la documentación, dos empresarios fueron detenidos, y han sido acusados como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y extorsión. Ya han sido puestos a disposición judicial. También están siendo investigadas las dos secretarias como presuntas cooperadoras necesarias.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil han desvelado que los detenidos lograban desgravaciones ante Hacienda, al declarar los salarios como costes fijos en su totalidad, mientras que los trabajadores se veían doblemente perjudicados al "contribuir respecto a ingresos no percibidos".
Hace unos meses, la Policía Nacional logró liberar a 21 víctimas de explotación laboral en las localidades de Brenes y Cantillana, en Sevilla, y ordenó el ingreso en prisión a los tres principales miembros de la organización criminal formada por dos clanes familiares.
Una de las víctimas era menor y había sufrido un aborto debido a la explotación laboral. Los responsables no les permitían beber ni comer durante las largas jornadas laborales pese a las altas temperaturas y el trabajo físico que realizaban. Es más, denuncian que tenían que buscar la comida en la basura para poder alimentarse.
Los integrantes de la banda falsificaban la documentación de las personas que realmente se encontraban trabajando, cambiando la fotografía y poniendo en su lugar la de los trabajadores. Solían 'captar' a las personas en sus países de origen a través de anuncios -con condiciones laborales ficticias- y en redes sociales. Las trasladaban en autobús hasta Sevilla y como les pagaban el billete del viaje, las víctimas pasaban inmediatamente a tener una deuda con ellos.
Una vez en Sevilla, le daban alojamiento en casas ocupadas y con condiciones infrahumanas de las que no podían escapar porque estaban continuamente vigiladas.
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