Medicamentos
La Audiencia de Barcelona dicta la medida solamente 4 meses después del lanzamiento del medicamento, algo inédito en un fármaco de tal importancia.
La guerra de patentes entre las farmacéuticas Teva y Bristol Myers Squibb (MBS) por el apixabán, un anticoagualante oral -el tercero con mayor gasto para la sanidad pública entre los medicamentos de venta en farmacias- vuelve a dar un giro de guion. Una sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona el día 18 de julio obliga a retirar del mercado español la presentación genérica del fármaco lanzado por Teva sólo cuatro meses después de su lanzamiento.
Según avanza El País, la decisión de la Audiencia de Barcelona supondrá que las comunidades autónomas paguen 380.000 euros diarios más (138 millones el año) para financiar el tratamiento de cerca de 310.000 pacientes de la Sanidad Pública. Dichos usuarios, sin embargo, no notarán el cambio y seguirán pagando 4,27 euros a las farmacias.
Los que sí se verán afectados son aquellos usuarios que toman dicho fármaco de forma privada y sin tener indicaciones financiadas por la sanidad pública.
Además, al tratarse de un tratamiento, en la mayoría de los casos crónico, dichos pacientes deberán pagar cerca de 443 euros más al año.
La sentencia siembra un caso sin precedentes en un fármaco de tal calibre por la rapidez con la que el fármaco ha sido retirado del mercado. Sin embargo, las disputas entre empresas farmacéuticas por las patentes son constantes y este no es el primer capítulo de la guerra entre Teva y BMS.
La multinacional israelí inició una ofensiva el año pasado en varios países para luchar contra la patente que protege al Eliquis con resultados dispares. Si bien, en Reino Unido, Finlandia, Portugal, Croacia y Rumanía el genérico ha salido al mercado, los tribunales de Francia, Países Bajos, Suecia y Noruega -y ahora, de manera provisional, España- han dado la razón a BMS.
En España, la lucha entre Teva y BMS lleva meses de disputa. En enero, el Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona dio la razón a Teva. Sin embargo, cuando la farmacéutica pantente de productos como el ibuprofeno tenía listo el lanzamiento de este nuevo genérico, BMS recurrió a otro juzgado de Madrid y logró paralizarlo de forma cautelar.
La situación, que paralizó el caso durante dos meses, provocó un baile de cifras económicas de gran envergadura. El retraso de estos más de sesenta días en la salida al mercado del producto provocó que la sanidad pública no pudiera ahorrar veintitrés millones de euros durante la pasada primavera.
Además, en el caso de que finalmente el Supremo diera la razón dentro de un año a Teva, las comunidades afectadas no recibirán los 138 millones de euros adicionales que pagarán durante los próximos doce meses.
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