Una ONG venezolana denuncia que casi 800 presos políticos siguen encarcelados en Venezuela tras unas liberaciones "insuficientes"

La ONG Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en Venezuela, asegura que aún hay unas 777 personas en las cárceles. La organización advierte que, a pesar de las excarcelaciones anunciadas el pasado 26 de diciembre, las liberaciones no han supuesto el fin de la persecución política y denuncia que muchos excarcelados continúan bajo medidas restrictivas como presentaciones judiciales periódicas o prohibiciones de salida del país.

Según el último balance difundido por Foro Penal, entre los que están aún detenidos, se encuentran activistas, opositores políticos y ciudadanos arrestados durante protestas. La ONG insiste en que varios de estos casos responden a detenciones arbitrarias.

Estas excarcelaciones se producen en un contexto de creciente presión nacional e internacional al gobierno de Delcy Rodríguez. Varias organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos han aumentado sus protestas, con acampadas y concentraciones frente a las cárceles y sedes judiciales. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha convocado nuevas movilizaciones ante el Ministerio Público.

Mariana González, hija del dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, es una de las que ha denunciado públicamente haber sido víctima de extorsiones con el objetivo de forzar a su padre a abandonar la política. "Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes", indicó Mariana González, en un comunicado compartido en su cuenta de X.

Rafael Tudares Bracho, abogado venezolano y esposo de Mariana González, fue detenido el 7 de enero de 2025 en Caracas por un grupo de agentes encapuchados mientras llevaba a sus hijos al colegio. La hija del líder opositor venezolano ha calificado esta situación como una forma de arbitrariedad e injusticia, al señalar que su esposo tenía pruebas en su contra y que su expediente judicial carecía de evidencias claras.

Este caso se suma a la compleja situación de represión y persecución denunciada por sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos en Venezuela, en un contexto de tensiones políticas internas y protestas por la falta de garantías judiciales y libertades fundamentales.

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