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Crisis Ceuta

La Audiencia Nacional pide un informe para investigar si la crisis de Ceuta responde a la acción de un "grupo criminal"

La juez María Tardón investiga si hubo una acción concertada por una organización criminal.

Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos Europa Press

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional un informe sobre la entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta durante los pasados 30 y 31 de julio. El objetivo es determinar si los hechos respondieron a una acción organizada y coordinada.

La magistrada ha acordado abrir diligencias previas tras admitir a trámite una denuncia presentada por la asociación Iustitia Europa, que atribuye los hechos a posibles delitos contra la Seguridad del Estado y la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Tardón requiere a la UCRIF toda la información disponible sobre los hechos, así como cualquier elemento que permita identificar a las personas que pudieron participar en la entrada masiva o facilitarla. Además, ha dado traslado de la apertura de diligencias a la Fiscalía, aunque deja pendiente de resolver si la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigar el caso.

En su denuncia, Iustitia Europa sostiene que la llegada simultánea de miles de personas a las costas ceutíes no puede considerarse un fenómeno migratorio espontáneo, sino una actuación organizada por su magnitud y coordinación. Según la entidad, la presión ejercida sobre la frontera española habría desbordado la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y de los servicios de acogida, comprometiendo la seguridad en una de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

La organización también apunta a una posible relajación deliberada de los controles fronterizos por parte de Marruecos, al considerar que la aparente pasividad de las autoridades marroquíes pudo facilitar la salida masiva de migrantes hacia España como instrumento de presión política o diplomática, una estrategia que, asegura, ya se ha producido en anteriores ocasiones.

La investigación judicial se produce tras la entrada de unas 50.000 personas en Ceuta a través del espigón del Tarajal, un episodio que, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, dejó al menos 88 migrantes fallecidos.