Opinión
Estamos ante una decisión inédita que, sin embargo, tiene una respuesta nada inédita: la de aferrarse al cargo. Álvaro García Ortiz ha hecho público un comunicado en el que anuncia que no dimitirá.
Aún no se han cumplido quince meses de las últimas elecciones generales. Y aún no se ha cumplido un año de la investidura de Pedro Sánchez. El discurso de Moncloa es que quedan mil días, redondeando, para que termine este mandato. Pero cuando un gobierno va viento en popa, y no tiene problemas serios, no necesita recordar lo mucho que le queda por delante. La realidad es que los problemas serios se acumulan, y son problemas de larga duración, lo que augura un resto de legislatura cargado de tensiones como las de estos días.
En muy poco tiempo, los tribunales han decidido indagar en las actividades de la esposa del presidente, en las de su hermano, en las de quien fue su brazo derecho en el PSOE, José Luis Ábalos, y en las del fiscal general. En ese caso concreto, es la primera vez en la historia que un fiscal es imputado. Y cuesta imaginar que esas dos palabras, fiscal e imputado, puedan ir juntas en una misma frase.
La imputación del fiscal general del Estado es el nuevo asalto en el cruento combate que mantienen desde hace tiempo el presidente del gobierno y la presidenta de la comunidad de Madrid. Moncloa quiere evitar una derrota, bajo cualquier circunstancia. Y, aunque se supone que la fiscalía es un organismo autónomo, la decisión es firme: no entregar a Ayuso la cabeza del fiscal.
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