EN EL DISTRITO MADRILEÑO DE SAN BLAS
El Tribunal Supremo ha impuesto una pena de 535 años para cada uno de los dos etarras que hicieron estallar una furgoneta bomba en el distrito madrileño de San Blas en mayo de 2005, causando heridas a 45 personas, 14 de ellos policías.
La sentencia del alto tribunal confirma otra anterior de la Audiencia Nacional, que condenó a los etarras Liher Aretxabaleta y Alaitz Aramendi Juanarena a 535 años para cada uno. En la sentencia ahora confirmada la Audiencia consideró probado que, en la noche del 24 al 25 de mayo de 2005, ambos acusados se desplazaron a la localidad madrileña de El Escorial para robar un vehículo con el fin de colocarle un explosivo y cometer un atentado en Madrid.
Allí, tras forzar sin éxito un Renault 5, sustrajeron una furgoneta Renault Express y se dirigieron al municipio cercano de Valdemorillo, donde prepararon un artefacto de entre 18 y 20 kilos de mezcla explosiva y lo depositaron en el maletero del vehículo.
Posteriormente, dejaron el vehículo aparcado a la altura del número 4 de la calle Rufino González, esquina con la calle Alcalá, en el distrito de San Blas, "con el fin de causar el mayor daño material posible y ocasionar la muerte o lesiones a las personas cercanas al lugar".
A las 8.45 horas del 25 de mayo, un hombre llamó al diario 'Gara' en San Sebastián y tras decir que hablaba en nombre de ETA, alertó de que a las 9.30 iba a estallar una furgoneta Renault Express en ese lugar, sin aportar ningún dato más. A la hora prevista la furgoneta hizo explosión, provocando lesiones, fundamentalmente traumas acústicos, a los policías y viandantes que se encontraban en las inmediaciones, además de causar numerosos desperfectos en vehículos y edificios colindantes, por lo que también han sido condenados a indemnizar a sus víctimas por un total de casi medio millón de euros.
Las indemnizaciones a los policías van de 60 a 2.000 euros y para los demás heridos oscilan entre 600 y 45.300, mientras que por los daños las cantidades abarcan de los 27,40 euros a los 10.936 euros. Además deberán también indemnizar al Ayuntamiento de Madrid con 407.578 por los daños en el pavimento, en el arbolado y los desperfectos en diferentes inmuebles. El Supremo rechaza en todos sus extremos los recursos de las defensas de los encausados y confirma la pena impuesta por la Audiencia.