Begoña Gómez
El abogado de la esposa de Pedro Sánchez solicita suspender la audiencia prevista para el 9 de junio.
La causa judicial que afecta a Begoña Gómez suma un nuevo movimiento procesal. La defensa de la esposa del presidente del Gobierno ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que suspenda la audiencia preliminar fijada para el próximo 9 de junio, una cita que supone uno de los pasos previos a la eventual apertura de juicio por jurado.
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha trasladado al instructor que no podrá acudir ese día debido a un señalamiento judicial previamente fijado en otro juzgado. Por ese motivo, reclama que la comparecencia quede aplazada y se señale una nueva fecha.
La audiencia estaba prevista dentro del procedimiento en el que Begoña Gómez está procesada por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.
La citación del magistrado incluía además una advertencia expresa sobre la obligación de comparecer personalmente. El instructor argumentaba que la gravedad de las penas que podrían llegar a imponerse justificaría valorar medidas cautelares encaminadas a evitar una posible elusión de la acción de la Justicia.
Junto a Gómez también figuran como investigados en la causa Cristina Álvarez, asesora en La Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Hasta ahora, en anteriores comparecencias relacionadas con el procedimiento, habían acudido únicamente los representantes legales de los investigados.
Mientras la defensa intenta retrasar la vista, la Universidad Complutense de Madrid ha dado un nuevo paso en el procedimiento judicial. La institución académica ha iniciado acciones legales para reclamar a Begoña Gómez 113.509 euros por el supuesto perjuicio derivado de la apropiación del software desarrollado para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
La cifra ya había sido comunicada al juzgado el pasado mes de enero, aunque ahora la universidad formaliza su reclamación. Además, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha publicado un informe sobre la actividad de la cátedra en el que identifica distintas irregularidades administrativas relacionadas con proyectos tecnológicos desarrollados entre 2021 y 2024.
Entre las cuestiones señaladas figura precisamente la presunta apropiación del programa informático que forma parte de la investigación judicial.
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