Ley de amnistía
La sesión en el Congreso este jueves ha comenzado a las 09:00 horas, siendo uno de los debates más broncos en el hemiciclo, donde ha habido gritos, insultos y llamadas al orden.
El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves la ley de amnistía con mayoría absoluta. De esta forma, da luz verde definitiva a su aprobación. Ahora, la norma se envía al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. Ha sido una votación ajustada, puesto que se necesitaban 176 votos, y se han sumado 177. La ley ha sido respaldada por diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 votos en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.
Lo que busca el texto legal es exonerar actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación, cuando no haya enriquecimiento, en el marco del independentismo catalán. También amnistía el terrorismo atribuido al 'procés', "siempre y cuando" no se haya actuado "de forma manifiesta y con intención directa" de ocasionar "violaciones graves de Derechos Humanos", tales como matar y torturar.
Ahora bien, una de las cuestiones que muchos se hacen es acerca de Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat que continúa de la Justicia española. ¿Qué pasa con Puigdemont tras la aprobación de la ley de amnistía?
La ley de amnistía establece que una vez publicada en el BOE se levantarán de inmediato medidas cautelares y órdenes de detención, y los jueces tendrán un plazo de dos meses para aplicarla a cada caso concreto, un plazo que no se conoce con exactitud por lo que puede resultar incierto.
En caso de cumplirse la voluntad de las formaciones que han pactado la ley -PSOE, Junts y ERC-, lo que harán los jueces es suspender las medidas cautelares de manera automática. De esta forma, Carles Puigdemont podría regresar a España sin miedo a ser detenido, aunque todavía no estuviese amnistiado. A pesar de ello, hay algunos de los destinatarios de la amnistía que desconfían, mientras que los vocales del Consejo General del Poder Judicial, tanto del bloque conservador como del progresista, avisaron de que el proceso podría no ser tan sencillo.
Los jueces que estén trabajando en causas del 'procés', con el Tribunal Supremo a la cabeza, tienen la posibilidad de presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de considerar que la ley puede colisionar con el derecho comunitario, de forma que el proceso en cuestión quedará en suspenso a la espera de respuesta.
Aunque se da por hecho que se producirán esas consultas, lo habitual es que el juez pida primero informe a la Fiscalía y al resto de partes para que se pronuncien acerca de la aplicación de la ley al caso. Con el fin de impedir que esas cuestiones retrasaran la aplicación de la amnistía, la propia ley marca que la suspensión de un procedimiento penal no impedirá el alzamiento de las medidas cautelares que restrinjan libertades y derechos fundamentales.
De esta forma, si hubiera alguien en prisión, tendría que quedar en libertad inmediatamente, y el juez debería anular cualquier orden de detención en vigor, ya sea nacional, europea o internacional.
A pesar de todo esto, los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del 'procés' han comunicado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la orden de detención contra el expresident catalán no se puede retirar por la amnistía, así como que no consideran viable aplicar la norma al delito de malversación.
Los fiscales le han explicado que las medidas cautelares y ordenes de detención, que afectan, entre otros, a Puigdemont, no pueden ser alzadas, a pesar de que la ley contemple que se deben levantar de inmediato en cuanto entre en vigor en el BOE.
Aunque la ley no recoge nombres, los principales beneficiados serían los siguientes. Carles Puigdemont (Junts), quien tiene tres frentes abiertos. Por un lado, en el Tribunal Supremo está procesado por desobediencia y malversación por el referéndum del 1-O. También es uno de los 35 ex altos cargos que en noviembre fueron juzgados en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'. Además, el TS ha abierto causa penal en su contra por posibles delitos de terrorismo ante los disturbios atribuidos a 'Tsunami Democràtic' tras la sentencia del 'procés'.
También suenan los nombres de Oriol Junqueras (ERC), Artur Mas y Francesc Homs, Toni Comín (Junts), Clara Ponsatí (Junts), Lluís Puig (Junts), Marta Rovira (ERC), Raül Romeva (ERC), Jordi Turull (Junts) y Dolors Bassa (ERC), Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, Carme Forcadell (ERC), Josep Rull (Junts) y Joaquim Forn (Junts), Anna Gabriel, Meritxell Serret, Josep Lluís Alay y Xavier Vendrell, Natàlia Garriga, Josep María Jové y Lluís Salvadó, Miquel Buch, Lluís Escolá, los CDR, la plataforma 'Tsunami Democràtic', el exdiputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensgberg.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com