Generalitat
Las instrucciones de un cuestionario que la consellería de Educación ha enviado hoy a los centros educativos y el decreto ley aprobado por el Govern sobre el uso del catalán en las aulas son el mecanismo con los que la Generalitat pretende hacer frente a la sentencia que impone el 25% de materias en castellano en todos los colegios catalanes.
Hoy se cumple el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a impartir el 25% de las clases en castellano y en tiempo de descuento el Govern aprobó un decreto ley sobre "criterios aplicables en la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos" en la comunidad.
Con este decreto la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros públicos y concertados recae sobre el tejado de la consellería de Educación. Este texto asegura que el catalán es el "centro de gravedad del servicio público educativo de Cataluña" y rechaza aplicar "porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas".
La Generalitat pretende con este decreto "proteger" tanto a los centros educativos como al "modelo de escuela catalana" de las "injerencias de los tribunales". Desde el Govern se defiende que esta norma garantiza la "vehicularidad" del catalán y que al final de su paso por el sistema educativo el alumno haya adquirido pleno conocimiento tanto del catalán como del castellano.
Un día después de aprobar este decreto, la consellería de Educación envió un cuestionario a las direcciones de los centros educativos públicos y concertados para verificar sus proyectos lingüísticos y, entre otras preguntas, plantea si el castellano es lengua de uso curricular en sus aulas y si se evita utilizar porcentajes en el uso de lenguas.
La respuesta afirmativa a las siete preguntas del cuestionario comporta que el proyecto lingüístico se ajusta a la nueva normativa y la contestación negativa a alguna de ellas refleja que el proyecto lingüístico no se ajusta a la nueva normativa y debe modificarse, según añaden las instrucciones.
En el caso de los proyectos lingüísticos no validados, se prolonga su revisión hasta el próximo curso. Para validar los proyectos lingüísticos, los directores deberán responder afirmativamente que tienen en cuenta la realidad sociolingüística del centro y que prevén el uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano.