Investigación PSOE
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluye que Santos Cerdán y Leire dirigían la trama para "proteger los intereses puestos en juego" en causas que afectaban al PSOE. Además, sitúa al PSOE como "origen" de los pagos.
Antena 3 Noticias ha accedido al sumario del 'caso Leire Díez', el cual instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) considera que Santos Cerdán y Leire Díez dirigían la trama con el objetivo de "proteger los intereses puestos en juego" en causas judiciales que afectaban al PSOE y, "directa o indirectamente", a "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".
Tal y como sostiene la UCO, "el análisis efectuado hasta la fecha ha permitido determinar la existencia de un grupo de personas, que durante un tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE".
Precisamente, la UCO sostiene que el dinero para pagar los gastos del grupo, presuntamente liderado por el que fuera secretario de Organización del partido y la exmilitante, provino "de un mismo origen: el PSOE".
En el apartado titulado "financiación y gestión logística de la presunta actividad criminal", la UCO apunta al PSOE como "origen" de los pagos y menciona los que "habrían tenido por objeto sufragar la actividad de Leire", que ascienden "al menos" a 43.225 euros, aunque hay otros de viajes o alquiler de vehículos cuya cuantía "no ha podido ser calculada".
Señala también pagos al abogado Jacobo Teijelo por 125.000 euros, al letrado José Aníbal Álvarez, "que tampoco han podido ser cuantificados" o 20.000 euros a un medio de comunicación llamado 'Crónica Libre'.
También la 'trama Leire' podría haber intentado que el partido asumiera el pago de la defensa de José Luis Ábalos al inicio de la investigación en su contra. En aquel momento, el abogado que representaba al exministro de Transportes era José Aníbal Álvarez y hubo un compromiso de pego entre noviembre y diciembre de 2024.
La exmilitante socialista Leire Díez ofreció a José Manuel Villarejo explorar un pacto con la Fiscalía: esperaba obtener a cambio información sobre el juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena e incluso aludió a la posibilidad de que el letrado del comisario mantuviera una reunión con quien en ese momento era Fiscal General del Estado.
Díez no solo quería información comprometedora sobre el juez Marchena: también sobre la jueza Mercedes Alaya. Al parecer, la exmilitante del PSOE dijo a un policía en 2020 que tenían que encontrar información que comprometiese a la juez Alaya, instructora del caso ERE, porque estaba "hilando un relato" para conseguir "su muerte procesal y social". Tal y como detalló, "hay que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis".
La UCO cree que la directora del cuerpo, Mercedes González, activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp con la exmilitante socialista, con la que al menos mantuvo tres reuniones desde que fue nombrada máxima responsable del Instituto Armado.
Dice el informe de la UCO que las pesquisas constatan la existencia de una relación entre Leire Díez y Mercedes González "previa" al nombramiento de esta, que continúa después de acceder al cargo, ya que "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. Para la UCO, existen indicios de que la exmilitante "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando". Además, Leire Díez habría pretendido el inicio de una "investigación interna" en el seno de la Guardia Civil y "dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia directora".
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