EN SU PRIMERA ENTREVISTA
La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, es partidaria de equiparar la gestación subrogada con el tráfico de órganos y de menores, de manera que esta práctica pueda ser declarada ilegal en el ámbito internacional.
Carcedo, asturiana, médico de profesión y hasta ahora Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil, no dudó a la hora de aceptar la cartera de Sanidad y reconoce que le dio el sí a Pedro Sánchez "muy rápido", pese a la "sensación agridulce" de llegar al Ministerio tras la dimisión de su compañera Carmen Montón por las supuestas irregularidades en su máster.
En una entrevista concedida a la Agencia EFE horas después de tomar posesión de su cargo, la titular de Sanidad ha abogado por una regulación internacional de la maternidad subrogada que considere ilegales estas prácticas, prohibidas en España, pero a las que se puede acceder a través de convenios con terceros países.
"Hay que tomar decisiones internacionales y declarar ilegales" estas prácticas, que, gestionadas por las agencias de maternidad subrogada, permiten a ciudadanos españoles recurrir a esta técnica de reproducción en otros países, ha considerado Carcedo. Ha recordado que esta práctica está prohibida en España, "pero los bebés llegan" y "no pueden ser apátridas", están amparados por una serie de derechos, por lo que hay que actuar con carácter previo y evitar que existan los convenios internacionales entre países que facilitan estas prácticas.
Sobre las agencias de gestación subrogada que operan en España cree que "habrá que analizar en qué marco legal se mueven y, si traspasan algún límite en algún asunto que interfiera con la legislación española, se podría actuar", ha advertido. No obstante, la nueva ministra de Sanidad ha subrayado que "la forma más eficaz y útil de resolver el problema" es contar con una regulación internacional que declare ilegales estos convenios entre países "en el mismo plano que lo están tanto la venta de órganos como la prohibición de venta de niños".
La prohibición de la maternidad subrogada exige acuerdos internacionales, ha insistido, al igual que la lucha contra las mafias de trata de mujeres, muchas de ellas obligadas a ejercer la prostitución. Carcedo considera que regularizar esta práctica sería "como plantearse regular la esclavitud. Son cuestiones que están fuera de los límites que se pueden tolerar como derechos humanos y dignidad de la personas".
"No se puede ilegalizar lo que no es legal", ha recalcado la ministra, quien ha considerado que la prostitución "es básicamente trata de mujeres semiesclavizadas", lo que "contraviene de forma flagrante los derechos humanos y las sitúa en una situación de subsidiariedad para que sus cuerpos satisfagan otros intereses". Ha reconocido la dificultad de poner fin a esta práctica, porque atañe a muchos ámbitos que exceden a las competencias de su departamento, como el control de las mafias.