Cataluña
El expresidente nunca fue juzgado por la declaración unilateral de independencia de Cataluña, pero ahora podría ser condenado con penas que superan los nueve años de prisión.
Todas las miradas están puestas en la posible llegada del expresidente catalán a España para participar en la sesión de investidura de Salvador Illa, candidato del PSC.
De aparecer en Barcelonaeste jueves, lo previsible es que será arrestado, puesto qué, la orden nacional de detención se mantiene firme contra Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig por mandato de Pablo Llarena, juez instructor del Tribunal Supremo.
Tras la sentencia del 'procés' ha habido varios cambios legislativos que han modificado el escenario jurídico del expresidente catalán, primero con la supresión del delito de sedición y su sustitución por el nuevo precepto penal de desórdenes públicos agravados (enero de 2023).
Después, con la aprobación de la ley de amnistía (junio de 2024), un texto jurídico propuesto por el Partido Socialista y respaldado por los socios de investidura de Pedro Sánchez a excepción de Coalición Canaria que votó en contra.
A pesar de los acuerdos políticos y las modificaciones jurídica el juez Llarena mantiene la orden nacional de detención por presunta responsabilidad penal de Carles Puigdemont como autor de un delito de malversación (artículo 432 del Código Penal).
Carles Puigdemont podría enfrentarse a una pena de entre 6 a 9 años de prisión, sin embargo, esta podría aumentar a la hora de considerar posibles nuevos agravantes. Además, tras la condena podría el Tribunal Supremo inhabilitarle y evitar que se presente como candidato a presidir la Generalitat.
Cunado el expresidente Puigdemont esté en territorio nacional, el engranaje jurídico se reactivará, una vez detenido, el juez Llarena le tomará declaración y el prófugo podrá acogerse a su derecho a no declarar.
Ahora comienza una larga investigación judicial que puede durar incluso años, más adelante, llegará el juicio y será la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien decida el futuro del expresidente catalán, puesto que no fue juzgado como si lo fueron Oriol Junqueras, Jordi Turull o Carme Forcadell por los mismos hechos.
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